¿En qué consiste el decreto que disgusta al gremio de actores?

Brandon Stiven Ortiz Calderón, Comunicación Social y Periodismo / Twitter: @brandon1ortiz

El Ministerio de las Tics, a través del decreto 516 del 04 de abril del año en curso, ha reducido los porcentajes de programación de producción nacional que se emitían en la televisión abierta.

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Foto: Unsplash

En medio del estado de emergencia por el Covid-19, decretado el 17 de marzo por el presidente Iván Duque y bajo la facultad de expedir decretos con fuerza de ley, el Ministerio de las Tics, a través del decreto 516 del 04 de abril del año en curso, ha reducido los porcentajes de programación de producción nacional que se emitían en la televisión abierta.

Hasta ahora, los canales debían reproducir un porcentaje mínimo de 70%, 55% o 50% (dependiendo del horario o si es TV nacional o regional) de solo producción nacional. Con el nuevo decreto, el gobierno ha reducido todas esas franjas a un valor de 20%.

Esta medida afectaría a toda la industria del cine y de la televisión colombiana, pues, a partir de la ley Fanny Mikey, a los artistas intérpretes o ejecutantes de obras y grabaciones audiovisuales se les remunera un valor por comunicación pública, es decir por derechos de autor, cada vez que salen en TV. Ahora que la industria se encuentra paralizada (por causa del Covid-19) la incertidumbre de este conglomerado es mayor, pues si las reproducciones de sus obras disminuyen, sus ingresos también.

Diana Ángel, actriz y cantante colombiana, ganadora de un premio India Catalina y dos TVyNovelas, recordada por su interpretación en Francisco el Matemático, ha entregado a este medio su declaración sobre el controversial decreto: “Aquí se están revolviendo peras con manzanas. Una cosa es no salir a producir (contenido audiovisual) por la cuarentena, que en eso estamos de acuerdo todos y somos conscientes de que ello frena la producción, pero otra cosa muy distinta es disminuir la cuota de emisión al 20% para no poner al aire productos nacionales”.

Al respecto, la Asociación Colombiana de Actores, de la que hace parte Diana Ángel y muchos actores más, emitió un comunicado rechazando la reducción: “Se pierde una gran oportunidad de acercar el público colombiano a sus historias, pues existe un número importante de series, telenovelas y documentales que ya han sido exhibidos en la televisión nacional, así como también más de 170 películas que se han estrenado en los últimos 10 años”.

La mayoría de los inconformes, como Santiago Alarcón y Andrés Parra, se manifestaron en contra del decreto por medio de los numerales #PresidentePongaseRojo y #MuchaPantallaPocaNaranja.

De igual manera, políticos como el concejal de Bogotá Manuel Sarmiento han arrojado preguntas sobre las dudas que deja dicho decreto: “¿Acaso el contenido extranjero que se pretende emitir sí es nuevo? ¿Duque tuvo en cuenta la gravísima afectación que provoca este decreto para quienes viven de hacer TV en Colombia? No olvidemos que la reducción de la cuota de pantalla está establecida en el TLC con EEUU. Lucha de Asociación Colombiana de Actores derrotó esta pretensión años atrás”.

Asimismo, Agustín Restrepo, productor ejecutivo y director de cine colombiano, opina que “la industria audiovisual es uno de los productos más representativos de Colombia y no podemos socavar su capacidad competitiva”.

La discusión se incrementa en torno a la constitucionalidad del decreto, pues el artículo 215 de la Constitución Política manifiesta que los decretos con fuerza de ley deberán estar “destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos”, así como “el Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo".

El gremio de actores ha declarado su preocupación frente a que la medida quede establecida en el tiempo y no solo durante la emergencia. Por ahora, la Procuraduría General de la Nación indicó que enviará su concepto a la Corte Constitucional, quien será (por control automático) la que tome la decisión sobre la exequibilidad del decreto.   

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