Comprar ropa es una afición para muchos. Los colombianos gastan 28.4 mil billones de pesos cada año en ropa y calzado, según Fashion United. Pero, ¿qué pasaría si una persona que compra con constancia en las tiendas de ropa, en Colombia, lo hace derrochando un dinero proveniente de fraudes? Fraudes que proceden, al fin y al cabo, de su bolsillo.

Esta persona, la derrochadora, es una profesora de una institución educativa en Ibagué, Tolima, quien fue acusada de engañar a sus estudiantes para presentarlos como militantes de la Unión Patriótica con el fin de obtener subsidios de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Pero bueno, pongámosle ojo al asunto y retrocedamos el casete:

Resulta que la UNP, desde 2014, ha informado que está en crisis financiera por falta de presupuesto, situación que hasta hoy no cambia, según la misma institución. ¿Cómo no iban a estar sin presupuesto si, al parecer, sus funcionarios en ese mismo año desfalcaron a la institución por medio de sobrefacturaciones y compras superfluas? Y para completar, hasta hoy, cinco años después, no hay ni una sola captura al respecto. Solo Julián Marulanda, ex secretario general de la organización, está siendo procesado. Lo curioso es que él no es la cabeza del juego de ajedrez que se planeó para esa movida.

El 2014 estuvo lleno de entretenimiento, corrupción y de buenas jugadas en la Unidad Nacional de Protección.  Fue un plan en que nadie salió herido, pero sí vacío; al estilo La Casa de Papel.

¿Y ha cambiado la situación? De grano en grano, llena la gallina el buche.

Hoy, en el 2019, sería de esperar que también haya un caso de corrupción en tan prestigiosa organización, que reportó en febrero un déficit de 300.000 millones de pesos para terminar un año que apenas estaba empezando, según la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, cifra citada por la UNP. Por lo pronto, lo usual es que esta entidad vaya a rogarle al Congreso una adición presupuestal, adición que sale de los bolsillos de todos los colombianos. Entonces, sería así: pagamos su presupuesto anual inicial y, después de eso, luego de que no alcanza, pagamos una pequeña adición de 300.000 millones de pesitos.

Con un presupuesto anual de 79,403,000,000, la institución no ha podido estabilizarse en sus finanzas, pero, ¿será que sí es por exceso de víctimas que deben protegerse o porque gran parte de ese dinero se va a manos de funcionarios para satisfacer sus gusticos varios?

Así, volvemos al hecho de la profesora Carol Viviana Báez. Aunque en números no se compara con el desfalco del 2014, la cifra de 7.445.044 millones de pesos que adquirió de uno de los posibles 10 estudiantes que engañó hace parte de los más de 50 billones de pesos que le cuesta la corrupción a Colombia, menciona el excontralor Edgardo Maya.

El Departamento de Comunicaciones de la Fiscalía, seccional Ibagué, indicó que lo posible es que esta educadora, que dictaba la respetada asignatura de Ética y Valores, tuviera contactos dentro de la unidad que la ayudaban de manera cómoda en este proceso de subvenciones, y con tan solo las fotocopias de los documentos de identidad de sus alumnos.

Además, el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, dice que la diligencia se inició gracias a una denuncia anónima en que se explicaba el gasto desequilibrado en ropa, accesorios y demás que Báez ejecutaba en tiendas de Ibagué. Incluso, el allanamiento se efectuó en una tienda de Studio F, donde se le confiscaron $7.450.000 en efectivo, fotocopias de cédulas, de tarjetas de identidad y dinero con el logo de la Unidad Nacional de Protección y del banco en que retiró esa cantidad.

A pesar de todas las pruebas y de la denuncia, aún quedan hechos por esclarecer. ¿Por qué una entidad que tiene por función articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades que se encuentran en situación de riesgo extraordinario o extremo como consecuencia directa del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias, estaba entregando subsidios a militantes de la Unión Patriótica? Confuso. Sin embargo, no es de extrañarse que los funcionarios de esta entidad anden como político en pueblo repartiendo dinero.

La corrupción está ante nuestros ojos todos los días. ¿Pero qué significa la palabra corrupción, qué entraña? Que, de su bolsillo, del mío, del bolsillo de su vecino, del de su hermana, están robando. Les están quitando la oportunidad a cientos de personas que en realidad fueron víctimas y necesitan de esas ayudas para su protección. Les están quitando la oportunidad de proteger a los líderes sociales que están frente a tanto peligro. Solo en el 2017, la UNP recibió 64.000 solicitudes de protección y, de los protegidos, más de la mitad son líderes sociales.  Es hora de exigir y no de ver cómo otros se aprovechan del dinero que nos cuesta conseguir.

Por lo pronto, la UNP no se ha pronunciado ante el caso de Báez. La institución no volvió a pronunciar palabra alguna sobre su pasado oscuro. Esperemos que las entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría, la Presidencia de la República, la Fiscalía, la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público investiguen como es debido a la organización y puedan, por lo menos, disminuir el número de irregularidades en las que está envuelta la Unidad Nacional de Protección.