En el limbo, en una serie de contradicciones, y por qué no, en un mar de dudas, en eso está nuestra Justicia Especial para la Paz, en medio de encuentros interminables de nuestros congresistas que, al parecer, solo asisten a las plenarias para jugar a tirarse la ‘papa caliente’ y tratar de definir quién es el bueno y quién es el malo. En menos de un año el presidente Duque ha intentado acorralar a la JEP acompañado de su bancada que asegura que este sistema solo hace que queden impunes los crímenes realizados durante la época de conflicto en Colombia. No obstante, el modelo de justicia existente ha demostrado ser un fracaso, las cárceles en nuestro país son lugares hacinados, oscuros y perversos que se convierten en el epicentro donde se maneja la delincuencia de la ciudad. De manera que cada pequeño suceso en el que esté el nombre de la Justicia Transicional se convierte en un escándalo en el que algunos personajes aprovechan para tratar de tejerle una trampa y acabar con ella.

De hecho, los actos de funcionarios inescrupulosos que delinquen dentro de la Justicia Especial para la Paz también hacen que se ponga en duda su labor y de paso denigran su imagen. Un claro ejemplo es el hecho bochornoso que quedó evidenciado en un video que muestra a Carlos Bermeo, un fiscal de apoyo, recibiendo un fajo de dólares para que, presuntamente, incidiera en retrasar el proceso de extradición del ex-guerrillero ‘Jesús Santrich’ a Estados Unidos. De hecho, no es nada raro en Colombia ver cómo a un administrador público, ya sea un congresista, un alcalde o en este caso un fiscal, se le iluminan los ojos al recibir dinero ilícito como niño recibiendo un regalo en pleno 24 de diciembre. Y es que a algunos personajes les quedó la mala costumbre de cometer actos que dañan el nombre de nuestras instituciones.

No se puede pensar que tener la responsabilidad de reparar los sucesos dejados por la guerra es algo que se pueda tomar a la ligera. El constante rechazo de un 50,23 % de opositores que apoyaron el ‘No’ en el plebiscito y las influencias políticas que atacan constantemente a la JEP ocasionan que la labor de esta no sea sencilla. Y, como si fuera poco, la idea de que la institución trate de custodiar y poner tras las rejas a delincuentes con muchas influencias en el país no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana y mucho menos si hay plata de por medio. La historia colombiana nos ha demostrado que tratar de extraditar a alguien relacionado con el narcotráfico es una labor bastante ardua. Desde la lucha del gobierno de Belisario Betancourt con los capos de la droga, la extradición de Carlos Ledher, efectuada por Virgilio Barco, y lo sucedido con Pastrana y la silla vacía han sido reflejo de que en Colombia se ha vivido una difícil contienda para desatar la paz y atrapar a los rufianes que provocan caos y violencia.

Decir que la JEP como institución es corrupta es como decir que la agencia postal 4-72 es incompetente por el extravío de la carta enviada a E.E.U.U por el Ministerio de Justicia; aun sabiendo que la agencia tiene una tasa de cumplimiento de entrega del 95%.  Además, la renuncia de la directora de asuntos jurídicos, Martha Zamora, y la detención del exfiscal, Carlos Bermeo, a lo que se suma la reciente dimisión del Fiscal General Néstor Humberto Martínez, solo es indicio de que el problema no es de la institución, sino de algunos administradores públicos que no desempeñan su labor correctamente. No se puede olvidar que el mecanismo de Justicia Transicional nació con el objetivo de hacer cumplir los derechos de las víctimas que estuvieron implicadas en el marco del conflicto armado.

Puede que el gobierno actual únicamente piense en objetar y buscar que al Tribunal de Paz se le encuentren más “motivos” para sacarlo del camino. Pero, hasta el día de hoy, más de 11 mil personas se han sometido a esta jurisdicción. Individuos que decidieron perdonar crímenes de lesa humanidad con el fin de acabar con la guerra y todos sus fantasmas. Y es allí cuando los mitos de algunos partidos políticos que aseguran que la JEP es una institución que solo favorece a las Farc desaparece. Civiles y militares, como es el caso del general (r) Jaime Uscátegui que después de pasar 16 años en la cárcel por la masacre de Mapiripán, gracias a los acuerdos de paz firmados, espera a someterse a la Jurisdicción Especial para que esta revise su sentencia y tome cartas en el asunto.

La JEP es una institución cuya esencia es la transparencia, el hecho que una persona utilice su cargo para sacar provecho y obtener un beneficio personal, o que un político se valga de minuciosos detalles como objeto de acusación para enjuiciar a la JEP, solo es sinónimo de que en Colombia aún existen personas que no pasan la página, sino que optan por arrancarla.