Cuando era niña y vivía en Barranquilla, en mi casa tuvimos la misma nevera por varios años, pero, con el tiempo, esta comenzó a presentar fallas y decidimos cambiarla por otra. Nos deshicimos de ese aparato, para instalar uno nuevo, y nos pareció buena opción entregarlo a un comerciante de chatarra. El hombre, como parte de su trabajo, desarmó la nevera y, lo que parecía una tarea inocente, sin saberlo, estaba contribuyendo a la destrucción de la capa de ozono.

Eso es porque las SAO (Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono) son gases refrigerantes que se encuentran en equipos electrodomésticos, como neveras y aires acondicionados, que, al entrar en contacto con el aire, son altamente contaminantes.

El problema radica en que, actualmente, en Colombia no se cuenta con la maquinaria ni la tecnología para eliminar la mayoría de residuos peligrosos. De hecho, no hay una empresa que pueda eliminar las SAO. Empresas como BIOCHEMICAL GROUP, RECITRAC y OCADE se dedican a la gestión de este tipo de contaminante, pero lo que hacen es retirar estos gases de los aparatos refrigerantes y almacenarlos en contenedores puesto que, por su compuesto gaseoso, no se pueden exportar. Es decir, en nuestro país se encuentran miles de contenedores que van acumulándose. Esta es la única manera actual de evitar más daño. Lo mismo pasa con los plaguicidas obsoletos, otro tipo de residuo peligroso. Estos son procesados para ir relleno de seguridad o ser exportados fuera del país porque en Colombia aún no hay hornos rotatorios con la capacidad de eliminarlos.

Falta de cultura, el primer problema

Si bien casi todas las personas en Colombia contamos con aparatos eléctricos y electrónicos, tales como celulares, computadores o secador de cabello, ¿cuántos de nosotros sabemos qué hacer con ellos una vez dejan de funcionar? ¿cuántas veces no caminamos por la calle y nos topamos con una impresora o un televisor dañado puesto para ser recogido por los camiones de basura?

Los RAEE (Residuo de Aparato Eléctrico y Electrónico), son los residuos contenidos en todos aquellos aparatos que usamos diariamente que dependen de algún tipo de corriente para funcionar. Estos no pueden ir a la basura una vez dejen de servir, puesto que los rellenos sanitarios actualmente están a punto de reventar y no tienen capacidad para tratar bien los diferentes tipos de residuos peligrosos. No causan enfermedades, pero sí tienen contaminantes, como Mercurio y Plomo, que, al ser incorrectamente manejados, penetran el suelo y dañan el medio ambiente.

De acuerdo con Claudia Bran, operaria de OCADE, empresa gestora que se encarga de tratar los RAEE; para procesar estos aparatos hay que separar sus diferentes componentes de acuerdo con el material, para su reciclaje. Por ejemplo, un celular precisa ser desarmado en su totalidad, hasta los tornillos diminutos y el aluminio de la tarjeta de memoria del equipo. “Las tarjetas pueden tener níquel, oro o cobre. Es por eso que se llevan a instalaciones en Estados Unidos donde sacan todos estos elementos y los procesan de una manera adecuada”, comentó.

Y es que en Colombia no estamos a la altura para manejar ese tipo de residuos. Solo estamos en capacidad de separar ecológicamente las pilas de tipo alcalinas, el resto las exportamos.

Sin maquinaria efectiva

“El Magdalena se ha convertido en un basurero, lo hemos herido de muerte”, señaló alguna vez el Dr. Óscar Darío Amaya, anterior procurador electo para asuntos medioambientales, dado que las empresas ribereñas del sector, que tenían sus instalaciones dándole la espalda al Río Magdalena, eran acusadas de verter en sus aguas todo tipo de contaminantes.

Y es que esas industrias, al contar con múltiples transformadores, manejan una sustancia conocida como PCB. Los bifenilos policlorados (PCB), según Diego Villarreal, Ingeniero Ambiental de la Universidad Nacional, son contaminantes químicos creados por el hombre usados como aislantes para equipos eléctricos. Estos, anteriormente, habían sido hechos para evitar que las energías de los transformadores, por su potencia, incendiaran las casas a la cuales les trasmitía energía.

Aunque en 2001 Colombia suscribió el Convenio de Estocolmo sobre los COP, el cual se basa en comprometerse con la aplicación de medidas gubernamentales para la reducción de uso y eliminar existencias de contaminantes orgánicos persistentes; no fue hasta 2008, que se aprobó la ley 1196, que prohíbe completamente los COP y obliga a las empresas a hacer un manejo adecuado de ellas. Es decir, hasta hace apenas 11 años se iniciaron las sanciones contra las empresas que manejan sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulables, razón por la que estas no habían tenido la necesidad de controlar la emisión de tales componentes.

Pero el problema continúa: siendo que este residuo se encuentra en la mayoría de los transformadores y que el país actualmente cuenta con miles de estos aparatos para manejar la energía, actualmente en Colombia solo hay una empresa con la maquinaria necesaria para tratar los PCB, y esta ni siquiera les pertenece. OCADE, empresa gestora de residuos peligrosos, a través de un proyecto piloto consiguió hacer un acuerdo con el Ministerio del Ambiente para que una organización argentina facilitara el procesador de PCB, que cuenta con tecnología francesa.