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Clara Sofía Támara Glück
El consumo inadecuado de los productos ultraprocesados es nocivo para la salud de los niños, por lo que se han emitido leyes para regular su consumo y el nuevo Gobierno propone otras medidas legales. Sin embargo, expertos opinan que estas alternativas no son suficientes para favorecer la buena alimentación infantil.
La organización Red PaPaz ha sido un actor importante en la regulación de estos productos, puesto que presionó al Ministerio de Salud para acelerar el proceso de la Resolución 810 del 2021, conocida también como Ley de Comida Chatarra. No obstante, piden al Gobierno implementar más medidas aparte del etiquetado frontal y los futuros impuestos de la reforma tributaria.
Primeramente, para esta ONG es fundamental una restricción de publicidad sobre el consumo de estos productos dirigida a la población infantil. Carolina Piñeros, directora ejecutiva de Red PaPaz, afirma que, “es muy difícil para una familia crear hábitos saludables cuando niñas y niños están expuestos de manera permanente a atractivos anzuelos por parte de las marcas que atraen su interés y atención”.
En ese mismo sentido, exigen que también se establezca una restricción de la venta de los ultraprocesados en los colegios. La Secretaría de Educación de Bogotá emitió la Resolución 2092 de 2015 que prohíbe la venta de estas comidas en las instituciones escolares. Aquella establece que para 2023 habrá una prohibición total de estos alimentos, sin embargo, al 2019 ya se evidenciaba que el proceso iba lento: el Distrito encuestó a 856 madres, padres y cuidadores. El 79% afirmó que se vendía comida chatarra en las instituciones escolares en las que tienen inscritos a sus hijos.
En el país, actualmente, el dato no es mucho más alentador. Según el Índice Welbin 2022, solo el 43% de los colegios a nivel nacional tiene lineamientos para restringir alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Esto es preocupante porque los ultraprocesados son derivados de alimentos naturales que tienen un alto contenido calórico y bajo valor nutricional. Es por ello que están relacionados con el desarrollo de enfermedades en niños. “El consumo de estos productos incrementa el riesgo a la obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares cuando sean adultos. También dificulta la concentración y genera problemas de sueño”, afirma María Alejandra Suárez Fuentes, infectóloga pediatra.
Con la llegada del Gobierno de Gustavo Petro se propone, a través de la reforma tributaria, gravar la producción, venta e importación de los ultraprocesados. Además, está la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional que, según Ángela Cortés, encargada de la política, “propende por el fomento en el consumo de una alimentación especialmente basada en alimentos naturales o mínimamente procesados”.
No obstante, estas regulaciones han sido criticadas al no ser suficientes. Natalia Alvis, abogada especializada en derecho comercial, afirma que, “las etiquetas no son del todo efectivas porque hay padres o cuidadores que saben que los alimentos son nocivos para la salud, pero los siguen comprando”. Asimismo, menciona que, “no todos los colombianos entienden las etiquetas”.
Por último, con respecto a la medida de gravar los ultraprocesados, se argumenta que es injusta para las familias con menos recursos económicos. “Un sector de la población puede comprar alimentos de buena calidad para nutrirse bien, pero para otro sector es más difícil al tener un mayor costo”,asegura Natalia Ardilla, médica pediatra. “Es más fácil comprar algo que los llene pero que no los nutra, lo cual va en contra de esa elección de poder comer bien”, concluye.