En Colombia, en el 2019, el DANE registró una tasa de empleo informal del 47%, lo que equivale a 5,7 millones de personas. Según la misma entidad, con la llegada de la pandemia en 2020 esta cifra aumentó al 48%. Aunque parece ser un aumento mínimo, esto evidencia que es una problemática que ha perdurado a lo largo de los años y cada vez son más las personas que salen a las calles para llevar el alimento a sus hogares, por medio del famoso ‘rebusque’.

La informalidad no solo afecta a las grandes ciudades, sino también a los pequeños municipios que las rodean. Los vendedores ambulantes de las calles y semáforos de Chía, municipio ubicado al norte de la capital del país, ha sido uno de los grupos más afectados por la falta de apoyo del gobierno y la alcaldía municipal. Esta problemática no nació con la pandemia, sino que se ha vivido desde años atrás. Como evidencia, en el 2019 el tribunal administrativo de Cundinamarca redactó la sentencia N° 2019-02-29, en la cual declaraba nulo el decreto N°045A de 1993, que prohibía las ventas en las calles del municipio de Chía. En un país como Colombia no es posible que un alcalde pueda limitar el comercio informal y el uso de las calles por parte de ciudadanos que buscan sobrevivir.

Si usted pasa por la Avenida Pradilla del municipio de Chía, podría encontrarse con Luis Eduardo Muñoz, quien lleva 6 años trabajando en el mismo semáforo. Sus brazos cumplen el rol de una vitrina, pues son su única herramienta para mostrar las toallas de cocina y los diferentes accesorios para celulares que vende. Ya conoce los tiempos que maneja el semáforo, así que sabe en qué momento debe adentrarse a la vía y en cual debe salir.

Cuando se decretó la cuarentena obligatoria fue más complicado llevar el alimento para sus tres hijas y esposa. Luis depositó su confianza en el bono solidario que el gobierno estaba ofreciendo a más de 3 millones de colombianos. Para junio del 2020, según un comunicado emitido por la página de la Presidencia de la República se habían entregado 2.5 millones de bonos, sin embargo, esta ayuda nunca llegó a las manos de Luis.

Según el informe de la FLIP llamado Pauta Visible, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) gastó 20.807.099.927 entre el 2018 y el 2020 en publicidad oficial. Esto demuestra que se preocupa más por cuidar su imagen por medio de costosas propagandas en los medios de comunicación, en lugar de invertir en estrategias para mejorar la economía y la calidad de vida de los ciudadanos. ¿O sea que sí hay platica para quedar bien ante los colombianos pero no para ayudarlos?

En medio del desespero Luís decidió salir un día, en medio de las cuarentenas obligatorias, a su lugar de trabajo, las calles, pero esto le trajo un problema más, ya que la alcaldía le puso una multa de 900.000 pesos que a la fecha continúa pagando. Esta multa se suma a la lista de gastos que puede tener una familia promedio como la de Luis. Es absurdo que se priorice una multa sobre sus necesidades básicas, ya que el arriendo, la comida, los servicios y el estudio de sus hijas no dan espera. Al parecer nuestro gobierno no sabe lo que es la empatía.

Hacia el centro de Chía, encontramos a Diana, una caleña que se ha dado a conocer por vender mango, aguacate y, en temporada de cosecha, chontaduro. Al igual que Luis, ella diligenció el formulario para el bono solidario y al no recibir respuesta decidió acercarse a la alcaldía del municipio; recibió algunas llamadas y visitas, pero las promesas quedaron en el aire.

Lo más irónico de la situación es ver cómo tanto el gobierno nacional como la Alcaldía municipal se hacen de oídos sordos cuando las personas solicitan ayuda, pero a la hora de multarlos y llamarles la atención están siempre al acecho.

Liz Bella del Carmen quien tiene un carrito de venta de eucalipto, durante el confinamiento tuvo que recorrer las calles de Chía, llegando hasta las puertas de sus clientes, para evitar las sanciones de la policía por incumplir las medidas de bioseguridad. A diferencia de otros vendedores, Liz Bella trabaja de sol a sol debido a que los bonos y ayudas no son una opción, por su nacionalidad venezolana. Si es complicado para los colombianos encontrar el sustento de cada día, imagínense como será para quienes han cruzado todo un país en busca de un nuevo comienzo. No solo tienen que cargar con las faltas de oportunidades sino también con los estigmas y prejuicios que han creado los colombianos alrededor de las personas con nacionalidad venezolana.

Adentrándonos en el parque principal encontramos a Karen, una joven que se gana la vida vendiendo productos de lana en las calles de Bogotá, pero a raíz de la crisis ocasionada por el COVID-19, sus ventas disminuyeron considerablemente. Esto la llevó a buscar otras alternativas en Chía, como la venta de tapabocas, todo con el fin de encontrar el sustento para su hogar. A diferencia de las otras historias Karen relata que por ser madre cabeza de familia recibió un mercado que duró apenas 15 días; a la fecha no ha recibido una nueva ayuda.

Hay que ser realistas, los mercados suponen un gran alivio para estas familias, pero la prioridad es que el gobierno local y nacional garanticen mejores oportunidades de trabajo. Tal como dice el dicho colombiano “ni hacen ni dejan hacer”.

Cada vez es más claro que los vendedores ambulantes no están bajo el radar del gobierno, esto se evidencia en las pocas ayudas que este grupo ha recibido, y en las constantes trabas que se les han impuesto al momento de trabajar. 

Aquellos que están en los altos cargos solo tienen ojos para sí mismos, gastando millones en publicidad y propaganda, se han preocupado más por intereses privados, en lugar de cumplir con los que debería ser su prioridad, el pueblo. Pero como ya sabemos: al pueblo nunca le toca.

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Redacción:

Juana Castillo

María José Montoya

María Fernanda Pacheco

Tatiana Sarria

Fotografías:

Juana Castillo

Tatiana Sarria