Migrantes venezolanos: hambre e informalidad durante la cuarentena obligatoria

Claudia Valentina Zabaleta López y Juan Nicolás Barahona Espinosa, Comunicación Social y Periodismo

A pesar de que el 16 de marzo se declaró el Estado de Emergencia, aún no hay directrices claras desde el gobierno para ayudar a esa población. El panorama en Cundinamarca es el mismo.

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Foto: Flickr - Bernardo Restrepo

Después del periodo electoral, entre las disputas de los candidatos y los revuelos mediáticos, esa población se fue volviendo invisible, convirtiendo su situación en algo normal y natural: el verlos mendigar por las calles, caminando sin rumbo fijo, pidiendo comida, viviendo en parques o junto a las autopistas; se hizo parte del paisaje…

 

Según cifras del DANE, el 90% de ellos trabaja en la informalidad, la mayoría ganando menos del salario mínimo legal vigente, sin la posibilidad de cotizar en los fondos de pensiones y luchando, a duras penas, por sobrevivir.

 

Ahora, ante la pandemia que amenaza al bienestar de la sociedad, los migrantes venezolanos vuelven a figurar como protagonistas de lo que puede ser una nueva tragedia, a pesar de que el miedo, la impotencia y la incertidumbre nos ataquen a todos.

 

Las probabilidades de hambruna, indigencia y muerte crecen a la par de la propagación del COVID-19. La duda en estas personas crece, pues no saben cómo vivirán durante la cuarentena, dado que ya no hay trabajo que les permita recaudar el dinero para el arriendo y tampoco para la comida de sus familias. 

 

“Muchos migrantes están solicitando apoyo o la mejor forma para volver a Venezuela, pues dicen que si van a morir de hambre prefieren hacerlo en su tierra”, explica Martha Varón, presidenta de la Fundación Venezolanos por Decisión. 

 

Casos como los de Pereira, Medellín o Bogotá evidencian escenarios críticos, donde algunos venezolanos han desencadenado protestas al no recibir soluciones claras por parte de las autoridades para resolver su situación. Información falsa sobre supuestas entregas de alimentos en las alcaldías ha aumentado el estado de impotencia de los migrantes.

 

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Colombia, para diciembre de 2019, se habían concedido permisos de residencia y de estancia regular a 754.085 venezolanos, del millón 771.237 censados por esa organización en el país. Esto significa que solo el 42,5% cuenta con los documentos legales que les permitan acceder a un trabajo estable, servicios de la salud y protección social.

 

Cundinamarca es el sexto departamento con más migrantes venezolanos: 92.556. Y en su vecina, Bogotá, habitan 352.431.

 

Soacha (26.140), Chía (9.074), Facatativá (6.075), Zipaquirá (5.434) y Mosquera (4.595) concentran el 55,4% de la población total de venezolanos en el departamento, según el último informe de Migración Colombia, publicado en diciembre de 2019.

 

Ante los reclamos de atención por parte de esta población, Unisabana Medios consultó a las autoridades locales de esos 5 municipios, indagando sobre las acciones que realizarán para garantizarles salud, alimentación y vivienda durante la cuarentena. Sin embargo, para el momento de publicación de esta nota, solo recibió respuesta de Soacha.

 

Entrega de alimentos y servicios de salud

 

Soacha se compone de 6 comunas, llegando a más de 1.200.000 habitantes. Cerca de 300 mil familias hacen parte de los estratos 0, 1 y 2, estando en condiciones de vulnerabilidad.

 

Para garantizar su alimentación se ha consolidado una base de datos que permita a la Alcaldía hacer las entregas específicas de mercados, sin distinción de origen. Es decir, ante esta coyuntura, las ayudas serán entregadas a los habitantes (ya sean colombianos, venezolanos o de otra nacionalidad) que estén en condiciones de vulnerabilidad, según afirmó Dani Caicedo, secretario de Gobierno de Soacha.

 

Para el actual periodo de cuarentena requieren cerca de 150.000 mercados.

 

“Hablé con el viceministro del Interior, Daniel Palacios, solicitando apoyo del Gobierno nacional. Nos han dicho que ese número de mercados es muy grande, pero que entienden nuestras necesidades. Así se ha llegado al acuerdo de hacer un fondo entre la alcaldía, el gobierno nacional y el departamental para asegurar esta ayuda alimentaria. La Gobernación de Cundinamarca ya nos dio 30.000 mercados y esperamos que desde la alcaldía alcancemos los 50.000, para que el resto los garantice el gobierno nacional”, explicó Caicedo.

 

El secretario de Gobierno afirma que si la Alcaldía de Soacha ve necesario decretar un segundo periodo de cuarentena, el número de mercados tendrá que ascender a los 300.000.

 

Respecto a la salud, los migrantes que ya están cobijados al SISBEN tienen las garantías para acceder a ese servicio. “A los que no estén afiliados y que posean casos prioritarios se les está atendiendo sin requisito alguno, siempre y cuando estén afectados por alguna emergencia”, dice Caicedo.

 

Otros caminos

 

Desde el 2014, organizaciones como ACNUR y la Organización Mundial para la Migraciones han adaptado un sistema que busca brindarle ayuda a los venezolanos durante esta situación de emergencia.  

 

“Queremos asegurar que los venezolanos estén incluidos en la respuesta del gobierno. El coronavirus no tiene nacionalidad, hay que abordar el tema desde quién es la persona afectada y no, su origen”, explica Jozef Merk, representante de ACNUR en Colombia.

 

En estos momentos se están realizando diálogos con el gobierno y otras organizaciones para garantizar un alivio a los venezolanos durante la pandemia. Sin embargo, aún no se han comunicado sobre algún proyecto en específico.

 

“Desde ACNUR manejamos albergues para ellos, como también espacios amigables para los niños. Además, contamos con zonas de apoyo para personas vulnerables y, aunque con el COVID-19 no podemos trabajar tan fácilmente, estamos habilitando muchas líneas de atención para poder darles orientación”, resalta Merk.

 

Última esperanza

 

Fundaciones como Manitos amarillas o Venezolanos por Decisión ayudan a mitigar los problemas diarios de los migrantes. Ahora que no hay unas políticas claras para protegerlos, se han transformado en su principal apoyo.

 

Aunque no tienen grandes recursos, están recolectando ropa y alimentos para distribuirlos. Así mismo, brindan asesoría jurídica para proteger los puestos laborales y los derechos de los migrantes.

 

Esperan que, aprovechando su experiencia, ellas y otras fundaciones sean contactadas por las autoridades locales y regionales, para así construir un plan integral para que los venezolanos se salven de la pandemia de COVID-19.

 

“Necesitamos que todos seamos solidarios en estos momentos de crisis. Es una responsabilidad protegernos los unos a los otros. Las autoridades deben cumplir con lo que desde Colombia se le dice al mundo: que los migrantes pueden contar con ella”, concluye Varón, presidenta de la Fundación Venezolanos por decisión. 

 

 

La crisis que viven algunos de los migrantes venezolanos en el país había quedado en el olvido en los últimos meses. 

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