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El 3 de septiembre, la Corte Constitucional falló en contra de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Este proyecto exigía al Estado y a la sociedad que le brindaran la importancia de los derechos de los más indefensos.
Sin embargo, la Corte afirmó que la decisión del Congreso afectó el eje definitorio de la Constitución de 1991 acerca de la dignidad humana. Los principales argumentos del alto tribunal para tomar esta decisión fueron: un retroceso en materia de humanización de las penas, política criminal y resocialización de las personas condenadas en Colombia.
En la Estación Análisis, de Ruta 45, el fiscal Jimmy Ávila, abogado de la Universidad Libre de Colombia y magíster en Derechos Humanos de la UNED; dio su opinión sobre la Ley Gilma Jiménez, las irregularidades que presentaba y las fallas en las investigaciones de violación hacia los mejores de edad.
Por otro lado, el doctor Pedro Humberto Vargas Hernández, abogado especialista en Procedimiento Penal Constitucional, Derecho Disciplinario y Derecho Internacional Humanitario; defensor público y asesor de la Gobernación del Guaviare; profundizó sobre la constitucionalidad de este fallo y las alternativas legítimas que tiene el Estado para evitar la impunidad en estos casos.
Por: Mabel Martínez y Natalia García