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El 2020 parece traer una nueva tragedia cada mes. El turno ahora es para agosto, en el cual se han presentado hasta la fecha 10 masacres, dejando 48 fallecidos entre campesinos, líderes sociales, jóvenes e indígenas, según los datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), con corte al 24 de agosto.
Las primeras hipótesis del gobierno sobre la razón de esta violencia, es que los crímenes están relacionados con distintas disputas entre grupos al margen de la ley que se dedican al
narcotráfico. Para entender mejor la relación entre geografía, narcotráfico y violencia, en Ruta 45 hablamos con Juan Camilo Rodríguez, politólogo e investigador de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), a quien le preguntamos cuál es la razón de que la primera hipótesis del Gobierno Nacional sea que los hechos violentos son causados por el narcotráfico.
A pesar de las hipótesis del gobierno, algunas organizaciones de la sociedad civil han advertido sobre la relación entre los hechos violentos y la política de erradicación manual forzada. Esta ha ha puesto contra la espada y la pared a campesinos e indígenas con cultivos de coca pues terminan siendo amenazados por los grupos ilegales y estigmatizados por la sociedad y el ejército.
Los 'asesinatos colectivos', como los ha llamado el gobierno, tienen un alto impacto en la
implementación de los acuerdos de paz que ya venían deteriorándose desde hace algunos años.
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