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Edilma Suárez: "Lo que se está peleando en las calles es un mejor futuro para todos"

Ana María Gómez Ruano

La presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC) explica cómo este gremio está atendiendo el tercer pico de contagios.

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Ana María Gómez Ruano

El 6 de marzo de 2020 se confirmó en Colombia el primer caso de COVID-19. Hoy, a un poco más de un año desde que se iniciara la emergencia sanitaria, se reportan diariamente un promedio de quince mil nuevos contagios, decretándose el tercer pico de la pandemia. Y aunque esta coyuntura ha captado la mirada internacional debido al aumento acelerado de casos confirmados, el país es noticia debido al Paro Nacional que se desarrolla actualmente.

El 28 de abril del presente año, se convocaron las protestas en rechazo al proyecto de reforma tributaria propuesto por el gobierno de Iván Duque, con la cual prometían aumentar la cobertura y garantizar la continuidad de apoyo económico a hogares en situación de vulnerabilidad. Después de cuatro días de protestas, el presidente anunció el retiro de la iniciativa. A pesar de que varios sectores pensaron que con esta medida y la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se daría fin a las movilizaciones, el Paro Nacional continúa.

Ahora, la reforma a la salud se ha convertido en uno de los puntos principales de las movilizaciones. El denominado proyecto de Ley 010 aboga por la regionalización de este sistema y plantea modificaciones en las responsabilidades de gestión del riesgo en salud. Muchos colombianos han expresado que, si bien han leído la reforma, no entienden lo que esta comprende ni las implicaciones que esto tendría a largo plazo.

Ante esta situación, Edilma Suárez, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia (ANEC) y miembro de la mesa de monitoreo crítico sobre condiciones de trabajo y bioseguridad de los trabajadores, cuenta cómo el gremio de enfermería está afrontando ambas situaciones: atender el tercer pico de contagios y hacerle frente a la reforma a la salud.

¿Cómo está afrontando el gremio de enfermería este tercer pico de la pandemia?

Venía una sobrecarga con el primer y segundo pico. Los alcaldes han dicho que se han aumentado las camas de cuidados intensivos y el personal de salud, cuando lo que hacen es incrementar el número de pacientes que deben atender las enfermeras y auxiliares.

Por ende, al personal de enfermería de otras áreas se le ha pedido atender la unidad de cuidados intensivos, aun cuando no tienen el conocimiento suficiente ni habilidad para realizar los debidos procedimientos; y tras del hecho, cuando las enfermeras se equivocan, les están abriendo procesos disciplinarios.

Cada día hay mayor desmotivación, insatisfacción laboral y afectación en la salud mental debido a las altas tasas de fallecimientos, enfrentamiento al virus y el maltrato laboral.

¿Cómo proyectan ustedes, desde ANEC, que se verá afectada la salud física y mental de los enfermeros ante esta reincidencia de exposición al virus y picos de contagios?

Vamos a encontrar una epidemia de problemas en la salud mental. Esta abrumadora situación lleva a que algunos profesionales opten por renunciar porque llega un momento en que la situación es insostenible y las fuerzas físicas, mentales y cognitivas no permiten continuar. No solo se les asignan funciones que no les corresponden (procesos de auditoría, funciones administrativas y asistenciales del cuidado de los pacientes), sino que se hace un incremento de la carga de trabajo en precarias condiciones laborales sin una compensación salarial equivalente.

El Gobierno Nacional expidió el decreto 676 de 2020, a través del que se incluye al COVID-19 como enfermedad laboral, ¿cómo ha sido la respuesta y gestión de las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) ante esto?

Primero, no todos los hospitales ni empleadores reportan a sus trabajadores ante las aseguradoras. Segundo, estas buscan evadir a toda costa el reconocimiento de estas situaciones. Por esto, muchos casos no han contado con la incapacidad ni la remuneración correspondiente.

A pocos se les ha dado ese recurso, aun teniendo en cuenta que, en el país, aproximadamente el 70% de los trabajadores de salud tienen contrato por prestación de servicios, por lo que no cuentan con una ARL a la cual puedan reportar la enfermedad.

¿Qué medidas han hecho falta para tener unos cimientos firmes con los cuales se pueda atender esta tercera ola de contagios?

Ha faltado una base sólida de prevención. Si se hubieran planeado con anterioridad cómo afrontar el tercer pico, quizá la situación estaría mejor controlada. El problema es que el Sistema General de Seguridad Social en Salud (Ley 100) se ha creado centrado en la atención de la enfermedad y no en la prevención de la misma. Entonces, no le podemos pedir al sistema que haga algo para lo que no fue creado.

Encima de todo, este sistema le entrega el poder a las empresas promotoras de salud, debilitando a los entes territoriales y la red pública hospitalaria. Así que, este Proyecto de ley 100 profundiza el Sistema Privado de Aseguramiento, ya que se pretende brindar atención a la enfermedad, pero en donde las personas no necesiten atención médica con frecuencia porque en ese caso ya no cubre el tratamiento.

Desde el 13 de marzo se ha dado un repunte de casos. En ese momento se reportaban 96 muertes diarias y ahora se registran un promedio de 420 fallecidos al día, ¿por qué han aumentado estas cifras si el país ya lleva en marcha el plan de vacunación nacional?

Vamos a un ritmo muy lento en la vacunación. Esto se presentó por el problema de producción de vacunas a nivel mundial. Además, el Gobierno Nacional no ha querido dar vía libre a la vacuna Sputnik V por temas de ideología, aun cuando se ha demostrado que es de las más económicas y que brinda una alta efectividad. Asimismo, sucedió cuando le pidió a los alcaldes lentificar la vacunación porque no había más dosis disponibles.

Entonces, las altas tasas de mortalidad se comprenden como responsabilidad del Gobierno porque fueron muertes que pudieron prevenirse con mayor gestión e incremento del personal de recurso humano.

Además del ritmo lento de vacunación, vemos reiteradamente en medios y el diario vivir a personas incumpliendo las cuarentenas o medidas que se imponen, ¿cuál es el llamado que hace como presidenta de ANEC a aquellos ciudadanos?

Hago una invitación a la responsabilidad desde diferentes tipos. El primero es un llamado al Gobierno Nacional para acelerar el proceso de vacunación y no negar la renta básica para que las personas no se vean obligadas a salir a las calles a trabajar en la informalidad, además de crear estrategias e implementar atención primaria en salud.

Por el otro lado, está la ciudadanía que necesita pedagogía. Se deben explicar los riesgos de no usar adecuadamente los elementos de bioseguridad. Soy consciente de que no es fácil porque hay personas que creen que el COVID-19 es un invento capitalista para vender más tapabocas y se rehúsan a usarlo.

Y, por último, dejar ciertas creencias de lado: desistir de pensar que no nos va a dar el virus, que toda la responsabilidad la tiene el Estado porque la realidad es que todos los colombianos debemos tomar cartas en el asunto.

Con respecto a la reforma a la salud, en redes sociales han rondado muchas infografías sobre sus principales lineamientos, pero cada una presenta aspectos diferentes, ¿cuáles de estos puntos son verdaderos?

Iniciaré explicando que el año pasado, en la segunda legislatura del 20 de julio, el partido Cambio Radical y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, radicaron este proyecto. En el mes de septiembre, nos reunimos cerca de 140 organizaciones del sector salud en algo que se llama el Pacto Nacional por la Salud y la Vida. Empezamos a estudiar esta reforma y a radicar cartas en desacuerdo.

Al revisar el proyecto, a simple vista no son evidentes los cambios que pretende realizar, pero, si uno lee una parte y la conecta con otra, ya empieza a darse cuenta de lo que está pasando.

Por ejemplo, se habla de reducir el número de las EPS, lo cual generaría en un oligopolio (industria dominada por un pequeño número de grandes vendedores). Se pretende que las aseguradoras sean quienes definan los planes de beneficio, lo cual haría que las personas solo puedan acceder a aquellos que se adapten a su capacidad adquisitiva. Entonces, tenemos un problema serio porque hay intereses económicos de por medio. Esto demuestra que la prioridad es dar respuesta a las exigencias de las aseguradoras, en vez del derecho a la salud, lo cual lleva a la quiebra de la red pública hospitalaria porque es una lógica de mercado donde no existe lugar para la salud pública.  

¿Qué implicaría para los usuarios del sistema de la salud la regionalización de este?

Implica barreras de tres tipos: una para los trabajadores, otra para los ciudadanos y otra para los hospitales. Para los primeros, serían barreras administrativas dentro de los hospitales porque estos pierden autonomía. Las decisiones las toma un gerente a cargo de un grupo de centros de salud con un gran número de trámites burocráticos.

Para los ciudadanos, implican barreras geográficas, de tiempo, transporte y económicas porque el paciente llega a un hospital, pero lo remiten a otro y así sucesivamente. Resulta en el denominado paseo de la muerte.

Y en el caso de los hospitales implica vender sus servicios a las EPS bajo una modalidad llamada contratos por pago global prospectivo. Esos pagos, por debajo del precio real, implican la quiebra de hospitales públicos que terminan cerrando servicios.

Además, con las alianzas público-privadas (APP) que se contemplan en la reforma, resulta más costosa la contratación pública. El Fondo Monetario Internacional dice que el 55% de estas alianzas se renegocian dos años después de la firma del contrato y que el 62% de esa renegociación se traduce en el incremento de tarifas que pagan los usuarios. Estos lineamientos les abren aún más las puertas a las conductas corruptas.

¿Por qué cree que los colombianos salieron a marchar masivamente en contra de la reforma a la salud?

En el tema de salud, ya viene un inconformismo de tiempo atrás. Llevamos 28 años con un sistema que no le sirve a la gente, que tiene muchos trámites burocráticos y que impide que las personas puedan acceder a los servicios a los cuales tienen derecho.

Este malestar se hizo más grande con la pandemia. Llevamos un año pidiendo garantías que no se han brindado. Luego aparece este proyecto de ley que dice que va a resolver estos problemas en el sector salud, pero, cuando vamos a ver, no es así.

Hay mucha indignación porque la reforma es muy mala, realmente no se le salva un artículo. Es igual o más peligrosa que la reforma tributaria porque esto implica que a una persona se le de atención en salud o no, lo cual puede significar la vida o la muerte.

Hay algunos que creen que el paro traerá más beneficios (visibilización de la reforma) que consecuencias (aumento de contagios), como miembro del sector de la salud, ¿cuál es su postura frente a esta dualidad?

La ocupación de las camas UCI nos preocupa porque la gente está protestando, pero no fue así cuando eran las vacaciones de Semana Santa porque tocaba reactivar la economía; en cambio, ahora que las personas salen a marchar, sí hay problema.

Veo este paro bueno en todo sentido. Es un tema de dignidad y de frenar este tema de la corrupción porque aquí se roban 50 billones de pesos al año y no pasa nada. Si ese dinero se destinara a política social, nosotros como colombianos podríamos vivir en condiciones decentes. Entonces es mejor ponerle un límite ahora que seguir trabajando como esclavos toda la vida.

A mí me ha tocado caminar debido a los cierres de vías, y lo hago con gusto porque sé que se está luchando por los derechos. Quienes critican el paro tienen vacaciones, prima, salario, horario laboral y eso lo disfrutan porque, años atrás, trabajadores murieron defendiéndolos. Entonces que ellos abandonen sus pensiones, cesantías y demás a ver si tanto les molesta el paro. 

¿Qué les dice a todos aquellos colombianos que se han movilizado en los últimos días y esperan seguir haciéndolo?

Hay que continuar la lucha por defender los derechos que con tanto sacrificio y sangre se han logrado. Tenemos que seguir luchando por nuestra dignidad, por la vida. Hay que saber por quién votar, cambiar el Congreso de la República y dejar de vender nuestros votos.

Debemos buscar entre todos la paz porque todos somos seres con dignidad. Se le deben brindar oportunidades a los colombianos: trabajo, estudio, garantía de derechos. Lo que se está peleando en las calles es un mejor futuro para todos.

¿Cuál es el llamado que le hace al Gobierno Nacional frente a esta situación de Paro Nacional?

Que debe estar a la altura de la situación. Un líder, como el presidente, debe estar al servicio de la población, debe tener sensibilidad, la capacidad de escuchar a la gente y de cambiar lo que está ocurriendo en este momento. Tiene que pensar en el valor de las vidas que se han perdido y en evitar perder más. Él tiene la oportunidad de sacar al país de esta crisis. Que pare todas las agresiones, masacres y detenga las reformas. Que respete la Constitución, la democracia, ¿cómo vamos a ser un país viable si eso no se hace?