Resultados de búsqueda

Laura Valbuena ha dedicado toda su vida al amor por la música, lo que la ha llevado a que esta sea su carrera profesional. A sus 27 años ha logrado viajar y vivir por fuera del país, donde ha continuado trabajando en música, de la mano con su banda Entre Nos, en la que toca el clarinete y el saxofón. Su ensamble ha logrado cautivar al público colombiano y por esta razón se ha ganado un lugar en importantes festivales de jazz en el país, como Medejazz, Festival de Los Andes, Jazz al Parque y la Feria del Café.

Imagen tomada de Pixabay La curiosidad del ser humano no tiene límites, solo su decisión tiene la capacidad de delimitar la exploración de un universo de conocimiento. El proyecto Artemis es el nuevo programa de la NASA, que representa la ambición y el futuro de la investigación espacial. La humanidad volverá al satélite natural de la Tierra, establecerá una economía lunar y llegará a Marte. Como en 1969, el trasfondo político tiene un peso tan grande como su desaparición en los medios. En aquella época la URSS era el rival a vencer. Actualmente China es la diferencia a superar. ¿Estados Unidos busca un bien general o simplemente quiere mantener su estatus como potencia espacial? Despeguemos hasta traspasar el sueño de las estrellas, aquí en Ruta 45.

Tomada de: Pixbay La inseguridad en Bogotá es uno de los factores que tiene a los ciudadanos de la capital con miedo de salir a la calle, pues sienten que en cualquier momento pueden ser víctimas de un delito, o hasta perder la vida solamente por un celular. Este temor se ha incrementado durante la alcaldía de Claudia López, a quien se critica por parte de contradictores el hecho de no haber implementado una política pública duradera y funcional con la que se pueda verificar que las cifras de delitos han bajado y que la ciudadanía se sienta más segura. En el Sonar, de Ruta 45, ampliamos la información de lo que está haciendo el gobierno distrital para enfrentar esta situación.

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, fue el personaje que estuvo cuesta arriba, luego de su visita a la isla de Taiwán. La parlamentaria dio un golpe sobre la mesa demostrando que Estados Unidos sigue siendo la principal potencia global y que no va a ceder ante ninguna amenaza de otros países. Por otro lado, el expresidente Iván Duque dejó la casa de Nariño, y antes de hacerlo, hizo un balance de su gobierno, el cual no fue muy bien recibido por la opinión pública y sus opositores. Este hecho lo puso cuesta abajo. Estos son los personajes que van Cuesta abajo y Cuesta arriba, en Ruta 45

Por Susana Ribero Duarte. Tres personajes, dos van en picada y uno en subida. Las polémicas desatadas por el comportamiento en público del Senador del Pacto Histórico Álex Flórez, el rechazo de la reforma constitucional chilena y las críticas contra el presidente Gabriel Boric, y el nombramiento de la Nueva Primera Ministra de Reino Unido, Liz Truss, son los temas abordados en este comentario de opinión, en Ruta 45.

Hay una rumba que ha sobrevivido gracias a los festivales en el interior del país y que mantiene viva la llama de lo que fue alguna vez la rumba nacional. Esta expresión de alegría colombiana recolecta todos los sabores del folclor nacional, especialmente los del interior del país y ha dejado canciones que cuando se escuchan, detonan la nostalgia y la algarabía. Por eso en Echando El Cuento, de Ruta 45, les contamos la historia de la Rumba Criolla.

La ventaja del candidato socialista sobre el presidente, menor que la pronosticada por las encuestas, deja a Brasil ante una segunda vuelta llena de incertidumbre. ¿Quiénes tienen la clave para definir al próximo presidente del país más importante de Latam? Por: Fabiola Chambi, miembro de la mesa editorial de CONNECTAS El gigante sudamericano de más de 214 millones de habitantes se convirtió en el centro de la atención mediática mundial ante el resultado de la primera vuelta. En efecto, el domingo 3 de octubre el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), alcanzó el primer lugar con el 48,4 por ciento, por encima del actual mandatario Jair Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), quien tuvo el 43,2 por ciento. Ese margen, más estrecho de lo esperado, ha conseguido que en las calles de Brasil los días normales ahora transcurran en medio de la ansiedad, mientras un cronómetro imaginario avanza en cuenta regresiva hasta la segunda vuelta, el 30 de octubre, cuando por fin quedará en claro quién gobernará por los próximos cuatro años. Todos, expertos y no expertos, opinan sobre el futuro del país más decisivo para la región. Pero las percepciones ciudadanas representan mejor la realidad de una campaña basada más que todo en lo que los candidatos quieren olvidar de su pasado, lo que ha dado como resultado una confrontación de insultos y no de propuestas. Por ejemplo para Caio de Paula Bastos, un joven profesional que reside en Río de Janeiro, “hay una polarización muy grande, es un Brasil dividido y lo que pueda pasar es incierto. Mi miedo es que el lado que pierda no acepte el resultado y que pase algo como lo que ocurrió Estados Unidos”. Este último temor no es disparatado, sobre todo ante las reiteradas manifestaciones en ese sentido de Bolsonaro, aunque el tema no haya tenido mucha relevancia en las últimas semanas. Y por otra parte los resultados muestran que nada está dicho. Por eso Brasil se juega no solo el retorno de la izquierda o la continuidad de una derecha sólida, sino la prevalencia de la democracia y la institucionalidad. ¿Una gobernabilidad compleja? El escenario planteado por las votaciones del domingo 2 de octubre sería más difícil para Lula da Silva que para Bolsonaro, ya que el Congreso estará dominado por la derecha. Los números, según el analista y experto en marketing político Marco Bastos, dejan algunas reflexiones sobre ambos: Lula es más grande que la izquierda porque prevaleció en la primera ronda, mientras en la Cámara de Diputados, los partidos de izquierda no alcanzaron al 30 por ciento de los escaños. Y por otro lado, el bolsonarismo es una fuerza, no una moda y se compone de tres bases sólidas: el militarismo, el conservadurismo religioso y la alianza con las oligarquías regionales. Las encuestas fallaron pues proyectaban una diferencia más holgada a favor de Lula. Por eso el derechista celebró los votos alcanzados como una gran victoria. Es cierto que el gobierno de Bolsonaro recibió fuertes cuestionamientos por su manejo en la política internacional, la economía y sobre todo la gestión de la pandemia, reducida a una “gripezinha” –en sus propias palabras–. Pero el apoyo que consiguió en esta primera vuelta es indudable y da paso a varias interrogantes. “La gente vota con el bolsillo y con el corazón, con los dos. El bolsonarismo es un fenómeno de identidades políticas muy fuertes (…) Bolsonaro suena como un papá de los años cincuenta que no es políticamente correcto, que dice palabrotas, pero que viene a replantear una jerarquía perdida”, explicó Bastos a CONNECTAS. Este respaldo a Bolsonaro también se interpreta como el “voto avergonzado”, dice Juliana A. F. Gonçalves, investigadora del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM). Explica que ese fenómeno responde a “ciudadanos que no se pronuncian públicamente pero sin decirlo siguen insistiendo en este proyecto político ideológico”. Por otro lado, un Lula más emocionado y convencido de que volverá al poder dijo que esto es “solo cuestión de tiempo” porque “tengo 30 días más para hacer campaña y yo adoro hacer campaña". Campañas: ¿y ahora qué? Con la presión del tiempo, las estrategias de ambos partidos deben ser capaces de consolidar el respaldo que les permita asegurarse el triunfo en el balotaje. “Los votos de Lula y Bolsonaro son fijos y hay que tomar en cuenta que el porcentaje de abstención en las urnas fue el más alto de todas las elecciones, con un 20,9 por ciento, lo que significa que más de 32 millones de brasileños no acudieron a votar. Son personas indecisas o que no creen en el panorama político actual, por eso las campañas deberían estar orientadas a ellos”, explica Gonçalves. Pero en este escenario también hay dos nombres claves: Simone Tebet y Ciro Gomes, los candidatos que quedaron en tercer y cuarto lugar en la primera vuelta con el 4,2 por ciento y 3 por ciento, respectivamente. Ese codiciado 7,2 por ciento total del voto centrista podría inclinar la balanza hacia la Presidencia aunque, por lo mostrado hasta ahora, ambos tienen más cercanía programática con el partido de Lula. De hecho, los dos candidatos confirmaron su apoyo al expresidente, aunque está por verse si sus votantes siguen ese camino. En otras palabras, si sus votos son realmente endosables. A pesar de la distancia significativa con los primeros lugares, Simone Tebet, senadora del Movimiento Democrático Brasilero (MDB), ha mostrado una propuesta seria que fusiona elementos de izquierda y derecha con énfasis en la institucionalidad democrática. Eso la aleja de Bolsonaro, aunque también ha criticado a Lula por el entorno de corrupción que lo ha marcado. Gomes, que fue ministro de Lula, se distanció de éste en 2018 cuando el expresidente fue imputado y apresado por corrupción, aunque luego el Supremo Federal de Brasil anuló las sentencias. Durante la campaña para primera vuelta se mostró crítico tanto con Lula como con Bolsonaro, pero para la segunda vuelta asume una posición de apoyo a “lo que es más próximo” ideológicamente. Para Flávia Mantovani –reconocida periodista del diario Folha de Sao Paulo–, las tendencias indican que la mayoría de votos se trasladarían a Lula, aunque nada es seguro.“Es muy difícil para Bolsonaro”, dice, “porque tiene la misión de convencer a los electores de Lula de cambiar su voto y hay que pensar que la segunda vuelta tiene 30 días de carrera electoral y la política brasileña en los últimos años ha sido marcada por un embate muy fuerte entre ambos partidos”. Por eso se debe considerar la alternativa. “Hay una resistencia bastante grande al PT y Bolsonaro como es presidente, tiene la máquina del gobierno a su favor. Creo que también hay espacios para sorpresas dramáticas”, añade Mantovani en entrevista con CONNECTAS. Por otro lado, ninguna de las campañas puede dejar de lado el voto evangélico, que abarca al 31 por ciento de la población, es decir, cerca de 70 millones de personas. De ese total la mitad apoya al presidente Bolsonaro y solo un 32 por ciento a Lula, como refiere France 24. En 2018, este apoyo jugó a favor de la victoria del líder del Partido Liberal y ahora parece que nuevamente apostará a esa carta. No es una sorpresa que Bolsonaro haya elevado el protagonismo de su esposa Michelle Bolsonaro, declarada evangelista, y se prevé que siga en ascenso. Sin embargo, hay que leer en forma adecuada del voto evangélico, porque, como explica el analista político Bastos, existen varias corrientes. “Los evangélicos no son solamente una cosa, hay grupos que comulgan con una visión más conservadora de lo que es el cristianismo y otros no. El apoyo a Bolsonaro se juega en este escenario”. Pero no se puede dejar de lado que la religión desempeña un papel relevante en la política de hoy. “Es un tema que no debe ser ignorado porque hay riesgo de que en un futuro el país pueda ser dominado por el fundamentalismo cristiano”, añade Gonçalves. Esta campaña electoral no permite hacer un pronóstico seguro, mas aún cuando los sondeos de la primera vuelta demostraron una lectura equivocada del electorado. O como diría el consultor mexicano Roy Campos: “Las encuestas sirven para todo, menos para saber quién va a ganar”. Los 156 millones de personas que participaron en la primera vuelta ahora deben decidir entre dos propuestas altamente antagónicas y no del todo convincentes, en un ambiente de desconfianza hacia los resultados, al menos en uno de los bandos. El carioca Caio de Paula Bastos, por ejemplo, reconoce que no votó por Lula ni por Bolsonaro y tampoco ha decidido a cuál de los dos apoyar en el balotaje. Las certezas —por lo menos para el ciudadano de a pie— aún están lejos de esa visión de país próspero con bienestar económico y salud democrática en el que esperan vivir. Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar aquí. Este contenido se publica en alianza con Unisabana Medios.

Patrullan las calles contra el crimen, ejercen ministerios no relacionados con la milicia, asumen funciones civiles… Años después de la época de las dictaduras, los militares siguen ejerciendo un poder desproporcionado en América Latina, aunque con una nueva filosofía. ¿Las nuevas tendencias políticas del continente favorecen este fenómeno? Por: Grisha Vera Cuando era candidato, Andrés Manuel López Obrador criticaba el rol de los militares en la guerra contra el narcotráfico y prometía sacarlos de las calles de México. Pero en el transcurrir de su gestión solo les ha dado más poder. En 2019 eliminó la Policía Federal y en su reemplazo creó la Guardia Nacional, a la que integró en un 80 por ciento por militares. Y en agosto pasado informó que el nuevo cuerpo dedicado a combatir el delito dejaría de estar bajo el mando civil y pasaría a la Secretaría de Defensa. Esa última medida, que todavía no se ha materializado, es apenas una de tantas que han aumentado el poder y la influencia de los militares en la gestión pública de ese país. De hecho, López Obrador incluso les ha encargado el desarrollo de construcciones y la posterior administración de algunas obras. El caso de México es apenas un ejemplo. En los últimos años, en algunos gobiernos de América Latina existe la tendencia de aumentar el poder económico y social de los militares, al atribuirles funciones distintas a la defensa. En Cuba y Venezuela manejan los sectores más importantes de la economía. En Brasil, militares activos y retirados han liderado ministerios. En El Salvador la ampliación de las funciones de las fuerzas armadas contradice lo establecido en las leyes de ese Estado. El creciente protagonismo de los militares en Latam es peligroso para el buen desempeño de los estados y las democracias de América Latina. Rut Diamint, experta en seguridad regional y relaciones cívico-militares, resume en tres las razones que provocan una mayor influencia de los militares en el poder político de la región. La primera responde a que tras las dictaduras la transformación del rol de los militares al modelo democrático fue incompleta: “Faltó sobre todo decisión política. Implicaba una serie bastante incómoda de procesos, entre ellos el juicio a los militares que la mayoría de los gobiernos no quisieron hacer porque sentían débiles a los gobiernos o porque tenían temor a levantamientos”, dijo a CONNECTAS. La segunda proviene de la incapacidad de las instituciones civiles, por ejemplo, para combatir al crimen organizado y controlar a la sociedad durante la pandemia, falencias que las Fuerzas Armadas entraron a suplir. Y el tercer motivo, para Diamint, es el uso partidista de esta institución. “La mayoría de los gobernantes, tanto de derecha como de izquierda, con dificultades para ser reelectos empiezan a confiar en las fuerza armadas como un sostén de su propio gobierno a cambio de prerrogativas, beneficios, premios, recursos…”. El poder militar se ha transformado. Su protagonismo no hace más que crecer, pero hay que tener en cuenta que las formas son distintas a los tiempos de las dictaduras. “No hay golpes militares, lo que hay es una vinculación muy directa a la toma de decisión política”, asegura Diamint. Román Ortiz, analista principal del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, coincide: “Hay dos matices que me parece que son importantes. Primero, esa toma de espacios de las fuerzas armadas dentro del Estado incrementa la influencia, pero no necesariamente quiere decir que automáticamente conduzca a que haya un golpe de Estado. El punto número dos es que además ese crecimiento del rol de las Fuerzas Armadas está impulsado por políticos civiles que pretenden reemplazar las debilidades que tienen dentro de su base política con el apoyo de los militares”. Que no haya amenaza de golpes de Estado no significa necesariamente una buena noticia para la democracia ni para el funcionamiento estatal. Ciertamente las fuerzas armadas cuentan con la estructura y logística para atender problemáticas que rebasan a muchos gobiernos latinoamericanos. Pero la expansión de las funciones no siempre se justifica ni mucho menos es conveniente. Ortiz explicó a la plataforma de periodismo CONNECTAS que cuando se involucra a las fuerzas armadas en actividades que no tienen que ver con las tareas que le corresponden, pierden su capacidad para cumplir apropiadamente su función de seguridad y defensa. Además, su falta de experiencia en temas no castrenses no garantiza una buena gestión y puede contribuir a debilitar el funcionamiento del Estado. El experto también señala que esa expansión de funciones puede llegar a ser muy tóxica para las relaciones cívico-militares. Para Ortiz el caso mexicano es un claro ejemplo. Aunque justifica la intervención militar en el combate contra el crimen organizado en ese país, por el enorme poder de algunos carteles, advierte: “No tiene tanto que ver con que los militares tengan un papel más grande, sino que el presidente eliminó el componente civil para hacer tareas a nivel federal. Entonces los militares tienen ahora más peso en la seguridad pública porque ya no existe la Policía Federal”. Tendencia, pero no norma En 2021, justo cuando un general retirado del Ejército fue nombrado presidente de Petrobras, la enorme petrolera estatal brasileña, otros 92 miembros de las fuerzas armadas ocupaban cargos directivos en empresas estatales, según reveló Fhola De S.Paulo. Ahora en 2022, el presidente Jair Bolsonaro los ha llamado a garantizar la transparencia de las elecciones por medio de un conteo de votos paralelo. “El Ejército está de nuestro lado”, dijo en el lanzamiento formal de su candidatura a la reelección en el mes de julio. Se trata de una declaración muy preocupante para un presidente-candidato que ha puesto en tela de juicio a la respetada organización electoral brasileña. En Colombia el presidente Gustavo Petro planteó una nueva estrategia de seguridad consistente en reactivar el diálogo con grupos guerrilleros, reformular el trato hacia los campesinos y la actuación de la Policía ante la protesta social, y, en su aspecto más controversial, lograr el sometimiento de los carteles que operan en Colombia. Para ello pidió a las Fuerzas Armadas convertirse en unas fuerzas para la paz justo cuando anunció a la nueva cúpula militar. Pero a diferencia de gobiernos anteriores, realizó una barrida mucho más numerosa de altos oficiales con lo que, según expertos en seguridad, arrasó con gran parte de la experiencia acumulada de las fuerzas armadas y policiales. Así aseguró el respaldo del estamento militar en un momento de cambio social profundo. En El Salvador, Nayib Bukele también ha otorgado más recursos y poder a las fuerzas armadas, aún en contra de la Constitución y del Acuerdo de Paz que puso fin a la guerra civil en los años noventa. Muchos señalan en ese sentido que el presidente se tomó la Asamblea Legislativa en febrero de 2020 acompañado de militares y policías para obligar a los opositores a aprobar un presupuesto para reforzar su Plan de Control Territorial. Este es el ejemplo más claro de la politización de las fuerzas armadas en El Salvador, pero no ha sido el único. Bukele también las usó para imponer la cuarentena en tiempos de covid-19,ha incrementado en 76,8 % el presupuesto militar desde 2019 y prometió duplicar la cantidad de efectivos. El fenómeno del protagonismo militar en América Latina tiene matices en cada uno de los Estados de la región. “Creo que los tres países que han hecho un intento más fuerte y que les ha funcionado mejor en separar la defensa de las cuestiones de seguridad pública son Argentina, Chile y Uruguay. En Chile fue muy difícil porque la fuerza armada mantenía no solamente poder sino prestigio, cosa que no sucedía en Argentina ni en Uruguay. Entonces la tarea de alejarlo del poder político y de la relación directa con la sociedad fue mucho más difícil”, explica Diamint. Para Ortiz existe una politización evidente de las fuerzas armadas en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero advierte que no es comparable con los demás países, porque estas naciones no pueden considerarse democráticas. En las demás, explica que el poder que terminan por asumir los militares y su impacto en la gestión del Estado dependerá de qué tan fuertes sean las instituciones democráticas. En algunos casos, piensa, el poder entregado a los militares puede ser reversible. Sin embargo, apunta: “Yo creo que Bukele es un buen ejemplo de cómo las cosas no tienen reversa, pero no tienen reversa porque la institucionalidad democrática en El Salvador venía en declive, era muy débil y él ha terminado de desmantelarla… De una manera poco nueva: utilizando el problema de seguridad que hay en El Salvador para aumentar una militarización de la seguridad pública, el uso de sistemas completamente arbitrarios para realizar detenciones masivas sin ninguna garantía judicial y acabar con las libertades”. Pero subraya la diferencia con lo visto en América Latina en los años setenta y ochenta. “No son los militares salvadoreños los que tienen un proyecto digamos político y entonces ocupan el poder, sino que es un político civil el que trae a los militares para utilizarlos en su estrategia para perpetuarse en el poder”. Una gran diferencia. Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar aquí. Contenido publicado en convenio con Unisabana Medios.

Aprovechando la debilidad estatal, las grandes organizaciones criminales de América Latina se expanden por el continente como un verdadero poder de facto. ¿Qué pueden hacer los gobiernos para derrotar el fenómeno? ¿Es posible pactar con delincuentes comunes, o la única solución es a sangre y fuego? Por: Carlos Gutiérrez, miembro de la mesa editorial de CONNECTAS Ocurrió en México a la una de la mañana de un miércoles, en septiembre de 2006. Un grupo de sicarios irrumpió en un bar michoacano, lanzó disparos al techo y vació el contenido de unas bolsas de plástico en la pista de baile. Eran cinco cabezas humanas. Al día siguiente, la noticia impresionó a toda la nación. Muchos consideran ese hecho como el inicio de la ola de extrema violencia y sanguinaria criminalidad que azota a este país desde entonces. Hoy, aunque parezca increíble, los cuerpos destrozados y embolsados en plásticos negros se han vuelto parte del panorama habitual en el territorio mexicano. Y lo peor es que estas escenas se han venido extendiendo a otras regiones de América Latina. Tan solo en Bogotá, en lo que va de 2022, han aparecido 23 cuerpos envueltos en bolsas y arrojados en las calles de la capital colombiana. También se han hallado cadáveres en condiciones similares en Guatemala, El Salvador y Paraguay. Los embolsados son la cara visible y noticiosa de una fuerte crisis de violencia en la región latinoamericana. Una zona que registra la tercera parte de los casos de criminalidad del mundo, a pesar de que concentra solo el 8 % de la población mundial, según datos publicados en 2020 por el Instituto de Estudios Urbanos (IEU), de la Universidad Nacional de Colombia. Asimismo, Latinoamérica dominó en las ciudades más violentas de 2021. “Los ocho primeros lugares de la lista se ubican en México y la región aporta 38 de las 50 ciudades” que aparecen en el ranking, de acuerdo con InSight Crime. Fredy Rivera, académico y analista en inteligencia estratégica de Ecuador, advierte que es necesario no hablar de una sola violencia en la región, sino de múltiples violencias, con diferentes causas y que responden a problemas multinacionales. “Uno tiene que sacarse del mapa mental la división política administrativa de los países y ver más bien por zonas altas de concentración criminal, que normalmente son en las fronteras”, recomienda. En un comunicado de prensa, difundido en marzo de 2022, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señaló que en México y América Central las altas tasas de violencia “socavan el presente y futuro de miles de personas en la región”. Además de los “efectos visibles como los homicidios”, la violencia “tiene efectos invisibles profundos: mata en vida a personas, comunidades y familias”, asegura Jordi Raich, jefe de la Delegación Regional de CICR para México y América Central, en el mismo documento. Estos países tienen un común denominador: el auge de la delincuencia organizada, “que encontró condiciones propicias en la pobreza y la desigualdad y, en algunos casos, en luchas armadas ocurridas en décadas recientes”, apunta Héctor Hernández Bringas, investigador de la UNAM, en un texto publicado en Notas de Población a finales de 2021. Este investigador considera que en Latinoamérica ha surgido una “cadena de valor” en torno a la producción, distribución, tráfico y consumo de drogas. Aunque esta no es la única causa. De acuerdo con su análisis, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades e, incluso, la inestabilidad política y la debilidad de los Estados nacionales, han “jugado un rol relevante” en el aumento de los índices de criminalidad, que incluye pandillas juveniles, delincuencia común y crimen organizado. Resaltan los casos del Cartel Jalisco Nueva Generación, de México, y el Tren de Aragua, de Venezuela, como dos de los grupos más temidos y que han extendido sus redes a lo largo del subcontinente. Para Gustavo Orozco Lince, politólogo colombiano experto en seguridad y terrorismo, el del crimen organizado es, en realidad, un fenómeno económico. “Lo que vemos es una sucesión de distintas expresiones de este tipo de crimen transnacional con distintos grupos y actividades delincuenciales, en diferentes escalas”, dijo a CONNECTAS. Para identificarlo recomienda, entre otras acciones, seguir la ruta del dinero y acabar con los paraísos fiscales que aún existen en esta parte del continente. Por su parte, Hernández Bringas agrega que, a diferencia de otros países donde los homicidios son producto de conflictos interpersonales, en América Latina y el Caribe gran parte de la violencia homicida “es de tipo instrumental”. Esto significa que los asesinatos sirven “para alcanzar fines específicos”, como enviar un mensaje macabro a las bandas enemigas y a la sociedad en su conjunto. A pesar de que algunos gobiernos han implementado medidas para combatir los altos índices de criminalidad, sus esfuerzos han resultado ineficientes. Por el contrario, según el análisis del IEU, “el crimen ha empeorado y las poblaciones carcelarias se dispararon” de tal manera que, en los primeros 15 años del siglo, la escala de homicidios aumentó 12 %. Un caso notable es el de Ecuador, que en los primeros ocho meses de este año registró 145 ataques con explosivos: en uno de los más recientes, en Guayaquil, murieron cinco personas. Las autoridades interpretaron este hecho como una amenaza al Gobierno de ese país. “Muchas de nuestras sociedades han heredado costumbres en las que la violencia prima como mecanismo para resolución de conflictos y eso se ha exacerbado por gobiernos incapaces de realmente garantizar que la ley sirva como un parámetro de resolución de diferencias”, dice Orozco. Para él, otro factor fundamental a considerar es la enorme desigualdad social, que si bien no puede considerarse la fuente del problema sí agrava la situación. En todo caso, la debilidad de los Estados latinoamericanos los vuelve “un campo más propicio y más atractivo para la implantación y desarrollo de actividades ilícitas”, escribe Sonia Alda Mejías, investigadora de seguridad y defensa en América Latina, en el artículo “Estado y crimen organizado en América Latina: posibles relaciones y complicidades”. La académica española también explica que un Estado débil se caracteriza por falta de institucionalidad donde “el crimen organizado, mediante la corrupción, tiene más posibilidades de influir en las decisiones estatales y de lograr la protección de sus representantes”. También señala que este tipo de Estado, a diferencia de uno fallido, tiene la capacidad de garantizar un mínimo de estabilidad, orden e infraestructura, lo que contribuye a su vez al desarrollo de la actividad criminal. Por su parte, Fredy Rivera va más allá y habla de “Estados emboscados”, es decir, que han sido infiltrados por actores criminales que operan desde dentro y fuera, pero, subraya el investigador, lo hacen con estrategia. Además, dice que el problema en América Latina es sistémico “y a veces la manera de abordar los casos nacionales sigue siendo muy parroquial, muy ejidataria”. Es necesario, recomienda, tomar medidas efectivas. Pero, ¿cuáles? Dentro de las soluciones, hay gobiernos –como el mexicano– que plantean sacar el Ejército a las calles y militarizar la Policía. Esta opción, sin embargo, para Rivera significa convertir a la inteligencia policial o militar en fuerzas de choque para intervenir; no se les capacita en temas de inteligencia criminal científica, que les brindaría la capacidad de intervención y de prevención rápida. Sin embargo, para el académico y criminólogo español Daniel Sansó-Rubert podría ser lícito recurrir a las fuerzas armadas de los países, pero siempre bajo una dirección civil, no militar. Otros gobiernos han recurrido a buscar pactos con los grupos criminales para aminorar los índices de violencia. No obstante, como señala Orozco, lo que ha ocurrido en Centroamérica es que “se tolera la comisión del crimen en la medida en que no haya violencia, pero siguen siendo sociedades donde el crimen manda y los pactos abren la puerta para que los criminales manden aún más”. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha planteado, dentro de su política de ‘Paz Total’, negociar unos pactos de sometimiento con los grandes carteles de la droga, lo que ha suscitado críticas de quienes consideran que no es posible llegar a acuerdos con criminales comunes sin socavar gravemente las instituciones. Cuando la violencia ya está avanzada, advierte Sansó-Rupert, el asunto se parece al cáncer. “No es lo mismo la detección temprana y extirpar el nodo, que es problemático, que cuando estamos en situación previa a la metástasis; nos va a costar más combatirla porque ya está enraizada”, dijo a CONNECTAS. Desde su punto de vista, cuando un gobierno se sienta a pactar con una organización terrorista o criminal, se pone a su misma altura. Así, pues, “si se quiere preservar el Estado como referente, no se puede pactar”, advierte. De acuerdo con Sansó-Rupert, una de las mayores dificultades para encontrar soluciones que verdaderamente atajen el problema está en los mismos dirigentes latinoamericanos, que hacen “política de partido” en vez de “política de Estado”. Es decir, realizan acciones que les reporten votos, pero no atienden lo que la sociedad necesita. La otra falla, desde su punto de vista, es una “falta de visión estratégica”, pues el crimen organizado no debe verse como un problema de corto plazo. Para la CICR no existen soluciones sencillas. Según Raich, “se requiere de la acción urgente y decidida de gobiernos, sociedad civil y organizaciones humanitarias para mitigar las consecuencias de esta violencia, promover espacios más humanitarios y garantizar una vida digna a las personas afectadas”. “La lucha contra el crimen organizado tiene que incluir la corrupción como uno de sus delitos, porque como hemos visto en los grandes casos recientes, estos son trasnacionales”, advierte Orozco. Por otro lado, Alda Mejías recomienda el reforzamiento estatal en general y, particularmente, del sistema institucional de seguridad, “bajo los criterios de transparencia y control propios de un Estado democrático”. Sin embargo, aclara que, hasta el momento, los Estados latinoamericanos han recurrido a las fuerzas armadas como medida principal para combatir la criminalidad. Pero la implantación de estas “políticas meramente punitivas y militarizadas no deja de tener implicaciones que redunden en la debilidad estatal”. En 2019, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señaló que la educación puede ser clave a largo plazo para reducir la violencia debido a que permite fortalecer habilidades que crean resistencia al delito y la victimización, además de aumentar las oportunidades de empleo. Justamente Rivera recomienda tener claro que no se trata de un problema coyuntural que se puede resolver de un día para otro, y que la solución va a tomar décadas. Al final, como dicen los expertos, hay que reconocer que el problema de la criminalidad no es pasajero, sino que tiene un carácter estructural y transfronterizo que requiere de la voluntad y la coordinación de los países afectados. Estos deben tomar medidas urgentes pero muy de fondo, porque la situación tiende a crecer sin control, lo que, en el fondo, es una amenaza para la propia existencia de sus sociedades. Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar aquí. Este contenido es realizado por CONNECTAS y publicado en alianza con Unisabana Medios.

Cerca de cumplir 10 años en el sillón de San Pedro, el papa Francisco enfrenta críticas desde varios frentes. Tras un comienzo auspicioso, sus actitudes a veces demasiado prudentes en temas tan delicados como Nicaragua y Ucrania se unen a rumores de renuncia que él mismo desmiente. Por: Leonardo Oliva, miembro de la mesa editorial de CONNECTAS “Comprar armas diciendo que es para defenderse representa un esquema de guerra”. La frase de Francisco resuena en una de las escenas del documental “In viaggio”, recién estrenado en el Festival de Cine de Venecia. En él, el cineasta italiano Gianfranco Rosi retrata los 37 viajes a 59 países que el primer Papa latinoamericano ha realizado en sus casi 10 años de pontificado. El film muestra a Jorge Bergoglio como un pontífice humano, casi proletario, muy cercano a sus fieles. Pero -dicen los críticos-, la película no dice nada del matrimonio homosexual o el rechazo al aborto, dos tabúes que la Iglesia católica todavía no acepta discutir. Estos silencios del Papa se han hecho más atronadores ahora ante dos tragedias a las que, para muchos, el Vaticano ha evitado referirse: la invasión rusa a Ucrania y la persecución religiosa del gobierno sandinista en Nicaragua. Estos cuestionamientos ponen a Francisco frente al espejo de dos de sus antecesores: Juan Pablo II, quien no dudó en enfrentarse al comunismo; y Pío XII, quien supuestamente calló ante los horrores del nazismo. El actual Pontífice, quien se ha autodefinido como “un pastor que huele a oveja”, es el primer jesuita en ocupar el trono de San Pedro y también el primero en llegar allí desde el Tercer Mundo. Ambas particularidades lo han convertido en un papa heterodoxo, que choca con el conservadurismo encarnado hace siglos en el Vaticano. Ha promulgado la austeridad entre cardenales y obispos, los príncipes de la Iglesia, y ha dejado gestos que lo han acercado más que nunca a los católicos de a pie, como el combate a la pederastia de algunos sacerdotes. Pero ha tenido que refrenar esos ímpetus ante la poderosa Curia Vaticana. Por eso no ha dado pasos en dirección a otros reclamos de sectores liberales de la Iglesia como la posibilidad de que los religiosos se casen, que las mujeres entren en el sacerdocio o el matrimonio igualitario, aunque ha manifestado su respeto por los homosexuales. En este contexto, en su camino a construir una “Iglesia pobre para los pobres”, Francisco se ha convertido en un “hombre incómodo”, como lo define un vaticanista que hoy trabaja en Roma muy cerca del círculo íntimo del papa argentino. Algo similar dice el periodista Sergio Rubin, que lo conoce muy bien desde sus tiempos como arzobispo de Buenos Aires: “El Papa no ha cambiado la letra, pero cambió la música de la Iglesia”. Pese a los cambios culturales que ha impulsado el Pontífice latinoamericano, en ciertos sectores políticos y sociales, incluso dentro de la propia Iglesia, miran de reojo lo que creen una actitud silenciosa frente a lo que ocurre en Ucrania o Nicaragua. Sobre todo ante la persecución que Daniel Ortega impuso a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, hoy preso del régimen. “Da la sensación de que tardó bastante en referirse al problema de la ofensiva de Ortega contra la Iglesia de Nicaragua y que sus palabras han sido demasiado comedidas”, dice Humberto Belli, uno de los mayores intelectuales nicaragüenses. Este sociólogo, que está exiliado como tantos librepensadores del país centroamericano, representa la voz de los católicos nicaragüenses desilusionados ante lo que consideran una actitud pasiva del Papa. “No sabemos si es porque hay esfuerzos diplomáticos por arreglar la situación”, agrega Belli. “Nosotros recordamos con cierta nostalgia la actitud que tuvo Juan Pablo II cuando la Iglesia de Nicaragua fue perseguida por el gobierno sandinista en la década de los ochenta”, dijo a CONNECTAS, en referencia al drama vivido por el recordado obispo de Managua, Miguel Obando y Bravo, luego nombrado cardenal por el papa polaco. ¿Francisco ha permanecido de brazos cruzados ante la represión a los católicos en este país? “Sigo con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua que involucra personas e instituciones", dijo el Pontífice a fines de agosto, cuando expresó su “convicción y deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica". Fue hasta ahora su única referencia pública a la situación, lo que da razones a sus críticos. Sin embargo, quienes conocen los mecanismos de la diplomacia vaticana aseguran que el Pontífice ha puesto a funcionar los engranajes para buscar soluciones. “La mayoría de las gestiones que el Vaticano realiza son secretas y muchas veces no tienen resultado”, explica Rubin: “Y quizás eso ha llevado a que haya quedado frecuentemente mal parada para la historia, pero no quiere decir que no haya hecho nada”. El periodista argentino asegura que en Nicaragua el Papa “está en contacto permanente con el cardenal (Leopoldo) Brenes, el arzobispo de Managua, buscando alguna posibilidad de diálogo que hasta ahora no ha logrado. Pero no quieren agravar las cosas porque ya expulsaron a un par de obispos y a un nuncio, pero también hay 400 religiosos extranjeros que todos los meses deben renovar la residencia y que pueden ser expulsados del país. Entonces el Papa tiene que moverse con cierta prudencia pero no con desinterés”. Lo mismo argumenta el vaticanista consultado, que pidió reserva de su nombre. Según él, Bergoglio tiene en Nicaragua “varios hombres muy importantes trabajando en los acercamientos y en la diplomacia de la manera más silenciosa y menos visible. Para el papa Francisco, si hay conflicto hay que dialogar”. Y diferencia este contexto del que enfrentó Juan Pablo II: “Eran tiempos diferentes. Carol Wojtyla venía de Polonia y padecía el régimen comunista del que había sido víctima su familia”. Este entrevistado, que ha visto de cerca el accionar de tres papas (el propio Juan Pablo II, más Benedicto XVI y Francisco), recuerda que Bergoglio considera que ya está en curso una “tercera guerra mundial”. En esas circunstancias, para el experto es claro que el pontífice no puede “echar más leña al fuego” sino “buscar diálogo y concertación”. Y concluye: “El Vaticano no tiene ejército, pero tiene algo que influye mucho más que las armas, el poder de llegar a las conciencias de los hombres y de los mandatarios”. Como en Nicaragua, también dice que algo de eso ocurre con la guerra en Ucrania, donde la diplomacia de la Iglesia católica está activa, haciendo equilibrio entre las posiciones enfrentadas. Y Rubin, por su parte, agrega que “el Papa ha condenado muchas veces la invasión rusa pero fundamentalmente lo que ha tratado es ayudar a que haya un diálogo para detener esa invasión”. A este conflicto se refirió nuevamente Francisco el martes 13 de septiembre, en su más reciente viaje pastoral a Kazajistán, una de las ex repúblicas soviéticas. Allí utilizó palabras que parecen una respuesta a las críticas: “Juan Pablo II vino aquí a sembrar esperanza, inmediatamente después de los trágicos atentados del 2001. Yo llego aquí mientras está en curso la insensata y trágica guerra originada por la invasión de Ucrania”. El mensaje papal fue casi una continuación de lo que dijo en una entrevista con la radio española COPE, difundida días antes de esta visita. En el mismo diálogo, el Pontífice de 84 años habló de la compleja cirugía de intestino a la que fue sometido hace tres meses. Y también acalló los rumores sobre una posible renuncia al papado. Algo de lo que se habla desde que en sus últimos viajes se lo vio en silla de ruedas, más frágil que nunca. “Benedicto XVI ha institucionalizado la renuncia de los papas de alguna manera, así que no debería sorprender. Pero Francisco lo ha dicho claramente, su renuncia no está hoy próxima”, afirma Rubin. “Hay Papa para rato”, coincide el experto vaticanista, para quien la palabra que mejor define al pontífice latinoamericano es la coherencia: “Dice lo que piensa, hace lo que dice y cree en lo que hace”. Sus críticos, como los católicos nicaragüenses que ven atónitos cómo las armas policiales bloquean las iglesias, deberían entonces confiar en que los ‘silencios’ papales son en realidad parte del arma más valiosa del Vaticano: la diplomacia. Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar aquí. Este contenido es realizado por CONNECTAS y publicado en alianza con Unisabana Medios.