Después del acuerdo de paz y del surgimiento de la Jurisdicción Especial para la paz ha sido arduo el trabajo que organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas han realizado con el fin de develar la verdad y representar a las víctimas jurídica y socialmente.

El abogado y master en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Paris II Panthéon-Assas, Daniel Ricardo Vargas, habla del panorama actual y futuro del postconflicto en Colombia.

¿Cuál es el objetivo de la Asociación Colombiana de juristas en el marco del conflicto colombiano?

La Comisión Colombiana de Juristas es una organización defensora de Derechos Humanos que tiene presencia en el país hace 35 años. Nos hemos encargado de acompañar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario y hacer la exigencia de sus derechos en el ámbito nacional e internacional. La comisión acompaña a todas las víctimas independientemente del actor que causó el daño y hacemos una exigibilidad de garantía de derechos humanos ante las instancias judiciales nacionales o de otra índole.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la gran mayoría de víctimas fatales que dejó la guerra eran miembros de la población civil: 215.005 civiles frente a 46.813 combatientes. ¿De qué manera y bajo qué parámetros se realiza el sondeo de acreditación de víctimas?

Evidentemente hay un subregistro, es decir, las victimas que han acudido ante la jurisdicción y han solicitado ser consideradas como tales, son muy pocas respecto a la cantidad de personas que fueron perjudicadas por las FARC. Cuando vamos a territorio nos damos cuenta de que muchas personas aún no pueden hacerse acreditar, primero por desconocimiento de la jurisdicción, otras por desconfianza en la institucionalidad y otras siguen teniendo miedo, porque están en ciertas zonas donde el conflicto no cesa.

¿Qué tipo de acompañamiento psicológico, jurídico y social reciben tanto victimas como victimarios a la hora de contar sus testimonios?

Yo tengo un equipo de siete abogados, nosotros representamos más o menos 1.200 víctimas en el caso 01 ante la JEP. Las organizaciones que representan víctimas tienen la obligación de contar con un equipo psicosocial, pero en ese sentido nosotros hacemos un acompañamiento a las víctimas en términos procesales, las preparamos para las audiencias, trabajamos con ellas la presentación de observaciones, les comentamos las decisiones que van saliendo y transmitimos sus observaciones a la jurisdicción. Respecto a los comparecientes también tienen la obligación de contar con preparación no tanto psicológica sino psicosocial.

Para el actual presidente Gustavo Petro, la JEP será una entidad fundamental para que en su gobierno se avance en la aplicación de la justicia transicional con enfoque restaurativo. ¿Qué papel cumple la JEP en la “paz total” que propone el mandatario?

Personalmente, yo creo que la JEP no tendría ningún papel dentro de este marco normativo creado por Gustavo Petro porque el rol que se enmarca en la Jurisdicción Especial para la Paz es todo el marco normativo del acuerdo de paz; estas personas que harían parte de este proceso de paz total serian disidencias de las FARC, personas que no participaron en el proceso de paz o que habiendo participado lo dejaron de lado, estas son personas que normativamente no tienen entrada dentro de la JEP. Pero lo que tengo entendido es que Gustavo Petro sí quiere fortalecer en todos los ámbitos la jurisdicción, desde lo presupuestal y desde la colaboración y apoyo irrestricto a este mecanismo, que era algo que no pasaba en el antiguo gobierno.

¿Qué problemáticas existen actualmente en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición creada por el acuerdo de paz?

Es un esquema muy grande, lo que podemos decir frente a los tres órganos principales que son la Comisión de la Verdad, la Unidad de búsqueda para desaparecidos y la Jurisdicción especial para la paz es que funcionan pese algunos reparos. Sin embargo, hay otro tipo de entidades que no se han implementado. Si haces un balance de todos los puntos del acuerdo te vas a dar cuenta que hay un déficit enorme. Hay normas que no se han podido implementar y eso dificulta el funcionamiento de este sistema, aunque funciona, falta mucho por articular y el marco normativo tiene que ser ampliado.

"Contar para sanar: relatos, cantos y memorias de quienes sufrieron el secuestro y la desaparición", es una de las muchas iniciativas que la Comisión Colombiana de Juristas ha creado.  ¿Qué se busca fomentar con este tipo de eventos?

La pandemia fue un reto para nosotros. Como era imposible tener contacto directo con las víctimas empezamos a pensar en espacios y actividades que nos permitieran estar más cerca de ellas. Comenzamos con actividades virtuales, pasando del papel a un mecanismo audiovisual en el cual la misma victima con su voz y rostro presentaba las observaciones ante la JEP. Esto nos permitió crear distintas iniciativas como una serie de podcast que reflejaban historias de estas personas y desmitificaban la idea del secuestro en Colombia.

A la par hemos hecho ilustraciones, minidocumentales, talleres de escritura, entre otras, causando con esto un impacto positivo en las víctimas. “Contar para sanar” ha sido un espacio que busca que la gente se interese, que conozca esas historias de lucha y que las valoren, no para tenerles consideración sino para dignificarlas. Además, estos eventos permiten conocer localmente cómo se maneja el tema de la memoria, en Medellín es fuerte, pero en Cali no tanto, por lo que es interesante ver el comportamiento de las distintas regiones.

Desde hace décadas, Colombia ha estado envuelta en una guerra que ha dejado a miles de muertos, heridos y familias en el olvido. El conflicto armado ha fragmentado, durante siglos, los derechos humanos y nuestra historia como nación. Por esta razón ¿cuál es la importancia de eventos como “Contar para sanar” para la memoria histórica del conflicto armado colombiano?

Es de suma importancia. Especialmente en eventos como “Contar para sanar” las víctimas que nosotros quisimos reflejar son aquellas que fueron victimizadas por las FARC ¿Qué tienen estas víctimas en particular? Que sus historias son desconocidas para el país, muchos de los crímenes de estas personas se van a dar a conocer tan solo con la apertura de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entonces, esto es algo muy importante para estas porque necesitan que se les escuche, se les dignifique, que se haga memoria de lo que ellos tuvieron que atravesar y que en ese sentido la sociedad ejerza un rechazo frente a ese tipo de conductas. Esto tiene una gran importancia porque al no saber que estas historias ocurrieron, no se pueden tomar medidas para evitar que vuelvan a ocurrir.

Este tipo de campañas tienen la capacidad de transformar el dolor en esperanza, por eso quisiera saber ¿cuál es el proceso creativo detrás de cada historia?

Es un equipo diverso, nosotros ponemos la idea y luego buscamos a la persona idónea para desarrollarla. En el caso de las ilustraciones, buscamos una ilustradora y empezamos con las victimas a mirar cómo se hacía. ¿Qué queríamos mostrar? las historias de lucha, los casos de desaparición, la realidad de las familias detrás de un secuestro y la ausencia de apoyo estatal. Esto hizo que las ilustraciones sirvieran como vehículo de denuncia. Y lo que es más importante, hemos contado siempre con el aval de las víctimas en todas nuestras iniciativas.

Napoleón Bonaparte muy bien decía “el que no conoce su historia está condenado a repetirla”. Teniendo en cuenta esto, ¿qué cree usted que nos hace falta a los colombianos para que el capítulo de la guerra quede atrás y no se repita nunca?

Es complejo, para responder esto tenemos que movernos por zonas. Hay lugares muy politizados y esa politización llega al punto de reconocer a algunas víctimas por encima de otras, entonces hay parte de la sociedad colombiana que reconoce parte de la historia porque es afín a su concepción política y niega la otra y creo que ese es un error enorme. La historia es la historia y debe ser contada como se dio. Hay personas que deciden no saber, pero el no saber implica no reconocer aquellas víctimas que padecieron estos flagelos, no velar por la dignificación de estas ni por la exigibilidad de sus derechos. Se necesita mucha empatía. Colombia no va a poder avanzar si simplemente pretendemos pasar el capítulo o cerrar el libro y decir “vamos a empezar a reescribir”. Si no hay sanciones y si a estas personas simplemente se les da un borrón y cuenta nueva, son personas que están propensas al delito nuevamente.

Teniendo en cuenta el nuevo panorama político del país ¿qué retos se aproximan para el cumplimiento de los acuerdos y la reparación a las víctimas?

El reto principal en este aspecto es lograr una articulación entre el sistema nacional de atención y reparación integral para las víctimas, que nace de la Ley de víctimas, y el sistema integral para la verdad, justicia y reparación. Esto es una condición sine qua non para que se garantice la reparación y atención integral para las víctimas del acuerdo de paz. Si esto no se logra, vamos a tener unas víctimas reconocidas por un órgano judicial como es la JEP, pero que no pueden ser atendidas ni reparadas por parte de la institucionalidad.