Los “camaradas” le recomiendan a la población no salir de sus viviendas después de las cinco de la tarde ni abrir sus locales comerciales como tiendas, bares, billares y demás establecimientos públicos los fines de semana. El sábado, que suele ser el día de mercado, se exige no salir a la plaza porque están en toque de queda.

En Buenos Aires, Cauca, donde hace un mes fue asesinado el subintendente de la Policía Carmelo José García Gómez, en medio de un ataque terrorista por la detonación de un carro bomba, la comunidad sigue sufriendo atentados y amenazas por parte de las disidencias de las FARC y de muchas otras organizaciones al margen de la ley que operan allí, en un departamento donde en menos de 24 horas asesinaron a cuatro policías y el Estado hace presencia en Twitter con hashtags como “#SiempreLosRecordaremos”.

Los toques de queda, se dice entre la comunidad, son para proteger a la población. El no estar en las calles después de las cinco de la tarde es para “prevenir” que los ataques de las disidencias —como la de 'Jaime Martínez', que explotó un carro bomba frente a una estación de policía el pasado 20 de septiembre — caigan personas de la sociedad civil, como mi abuela, quien vive en el pueblo.

Este tipo de historias me las cuenta ella. Hacen parte de su cotidianidad. En el pueblo, tener un celular no significa que siempre se pueda usar, pues mi familia y yo hemos tenido que estar incomunicados por semanas enteras. ¿Por qué? Por el miedo que les genera a las empresas de las redes, que ofrecen la señal telefónica, enviar a operarios al sector a arreglar los daños causados por los enfrentamientos armados. El hecho de que el Ejército haga algo de presencia no significa seguridad.

Mi abuela, cuando va al parque, con suerte logra llamarnos o escribirnos y decir que ella y el resto de mis seres amados están bien. Mientras tanto, nosotros vemos en noticias cómo azotan a nuestro pueblo en enfrentamientos armados, entre la poca presencia del Estado con las Fuerzas Armadas enfrentándose a las disidencias de las FARC y los diferentes grupos al margen de la ley, que son los que “mandan” en esta zona. En el atentado del pasado 20 de septiembre en la estación de Policía, al menos dos personas fallecieron y dos más quedaron heridas.

Yo estoy a unos 540 kilómetros del municipio de donde es mi madre. A pesar de que no nací ahí, en esa región he sentido lo que para mí es la felicidad, plenitud y paz; aunque interrumpida por el conflicto armado que azota al departamento. Ha sido un asunto complejo y de larga data que ha involucrado a diversos actores y tenido un impacto significativo en la población (comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas) y en la región en su conjunto.

Cauca, un departamento ubicado en el suroeste de Colombia, ha sido en la historia una “zona roja” en conflicto por tierras y recursos naturales. Desde mediados de la década de 1960, grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) operaban allí; hoy están las disidencias. Estos grupos han estado involucrados en enfrentamientos armados, secuestros y extorsiones que mantienen a la población en vilo.

Con el Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC, así como la reducción de la actividad paramilitar, la situación en el Cauca comenzó a cambiar. Sin embargo, la presencia del ELN y otros grupos armados disidentes, así como los desafíos socioeconómicos, han mantenido un grado de inestabilidad. Hoy se afrontan desafíos relacionados con la seguridad, la gobernanza territorial, la implementación de los acuerdos, el desarrollo económico y la inclusión de las comunidades marginadas. La presencia de grupos armados, la violencia y la pobreza son problemas persistentes que requieren atención y soluciones integrales.

En la actualidad, las elecciones regionales están en riesgo de ser aplazadas en este departamento por la violencia que los ha venido agotando en estas últimas semanas, como si los habitantes de estos municipios no hubieran sufrido bastante ya para garantizar un cambio.

No tiene sentido que sean aplazadas. El Estado debe hacer presencia y garantizar los derechos de los ciudadanos para elegir nuevos gobernantes. Así como hace un año atrás estaba la actual vicepresidenta votando en su municipio natal, Suárez, Cauca, vecino de Buenos Aires, con todas las calles del pueblo militarizadas y protegiéndola, es indignante que no pueda protegerse de la misma manera a la comunidad.