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El Dorado hecho polvo

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Valeria Sofía Gómez Caballero

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La travesía de los barequeros, mineros de oro artesanal, son largos y peligrosos. Pero de ella depende su subsistencia y la de sus familias desde hace generaciones en Colombia.

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Foto:
Valeria Sofía Gómez | Barequeros caminan entre las trochas para encontrar un punto ideal para buscar el oro.

Según una antigua leyenda muisca, en la laguna de Guatavita se realizaba, en tiempos prehispánicos, una ceremonia en la que el cacique, cubierto en polvo de oro, lanzaba tesoros y esmeraldas al agua para ofrendar a los dioses, y así obtener bendiciones para la cosecha y su pueblo.


Desde entonces, la importancia del oro en el territorio colombiano ha sido enorme. Los indígenas sacaban el metal precioso de los ríos y quebradas utilizando la técnica del barequeo con bateas, platos grandes y hondos principalmente de madera que, con el movimiento de los brazos en forma circular, separan las piedras y la arena del fondo, hasta que aparecen pequeñas pepitas o partículas de oro. Esta técnica artesanal, utilizada desde tiempos ancestrales, es la que emplean todavía los barequeros, los hombres y mujeres del rebusque de este material en Colombia.


Fue precisamente la abundancia de oro en nuestras tierras la que despertó en los conquistadores como, Alonso de Ojeda, Rodrigo de Bastidas, Vasco Núñez de Balboa, Gonzalo Jiménez de Quesada o incluso Cristóbal Colón, el interés de descubrir este metal precioso aparte de sus motivaciones iniciales de sus expediciones. Y tras su llegada en el siglo XVI, la exploración y explotación de yacimientos de oro no hizo más que aumentar, construyendo de paso las conocidas historias sobre reinos ricos en oro, la famosa leyenda de “El Dorado”. Así, a partir de la Conquista, Colombia extrajo el oro mediante mano de obra indígena, pero casi siempre en condiciones de esclavitud. El saqueo, el expolio y la violencia acompañan al metal precioso desde entonces en nuestro territorio.


De generación en generación


Beibir Salamandra es un minero de oro que se dedica a este oficio hace más de 40 años, por tradición familiar. Al ser una actividad generacional, se convirtió en una de las fuentes principales de ingresos de muchas familias, entre ellas la suya. Entonces, no había maquinaria pesada para la extracción del mineral. Cada mañana salían con una batea de madera para sacar el oro y, en la tarde, cambiaban el material dorado en Quibdó para poder comer. Años más tarde, trabajó como buzo, una técnica de extracción que trae consigo el riesgo de morir bajo el agua. Con dragas mineras artesanales — funcionan succionando material del fondo de ríos y cuencas acuáticas a través de mangueras y bombas hidráulicas— se sumergen en el agua buscando entre gravas y arena para encontrar el oro. Pero esa misma arena puede caer encima del buzo, hundiéndolo hasta ahogarse. Salamandra vio morir a muchos compañeros, enterrados en el barro. Desde sus ocho años hasta sus 18 ejerció esa dura labor, pero luego optó por entrar al Ejército en busca de mejores oportunidades.

Luego, a principios de la década de 1990, se promulgó la Ley 70, para proteger los usos ancestrales que las comunidades negras hacían de los recursos naturales. Fue un reconocimiento histórico a estas comunidades, habitantes de diversos territorios en el pacífico, y así el Estado les concedió la propiedad sobre esas tierras que habían habitado por generaciones, permitiéndoles mantener su cultura e identidad, profundamente ligadas a los ríos y selvas en las que sus ancestros se desarrollaron.


Sin embargo, a finales de los años 90, se intensificó el conflicto armado nacional, y la arremetida paramilitar en el Chocó fue de las más sanguinarias del país. Ellos, y otros grupos armados ilegales, ejercieron desde entonces control territorial en las áreas mineras, cometiendo abusos contra la población civil con el fin de beneficiarse de la explotación económica del oro en esta región. Tanto la guerrilla como los paramilitares empezaron a ver la minería como una fuente de financiamiento de sus actividades, por eso ejercían control de las minas artesanales. Cobraban "vacunas" o cuotas a los mineros a cambio de "protección", alquilaban maquinaria que había sido robada o se apropiaban directamente de las minas. Esto generó desplazamientos y enfrentamientos armados, así como desplazamiento forzado de las comunidades mineras, que además sufrían reclutamiento, amenazas, masacres y otras violaciones de derechos humanos desde todos los flancos. Otros decidieron migrar voluntariamente, pero lo cierto es que la mayoría dejaban atrás su oficio ancestral. Y también hubo quienes aceptaron las imposiciones de los grupos armados y se unieron a ellos, pagando cuotas a cambio de que los dejaran trabajar unas horas por su cuenta, o trabajando para ellos, mientras que otros simplemente arriesgaron su vida para seguir barequeando en los lugares donde los grupos tenían poca o ninguna presencia. Incluso hubo quienes se emplearon operando las maquinarias, que a su paso destrozaron y todavía destrozan los cauces de los ríos y envenenan las fuentes de agua con mercurio u otros químicos, los que generaciones han alimentado estas familias negras e indígenas, con un Estado que ha hecho poco para impedirlo.


Violencia, ilegalidad y contaminación


Han sido, pues, caminos de violencia, de desplazamientos, de confinamientos, de grupos al margen de la ley, con marcas de sangre visibles e invisibles en la vida de los mineros. Hoy, unos van en lanchas, con equipos que les facilitan la extracción, y otros van caminando cerca al río con su batea. Unos defienden una minería ancestral, sin maquinaria ni químicos, con técnicas artesanales sostenibles y, otros, la mecanizada, que con maquinaria pesada y dragas que extrae oro del lecho de los ríos con mayor facilidad, pero genera altos impactos ambientales, entre ellos, deforestación, sedimentación y contaminación por mercurio, entre otros químicos. Aún existe una minería informal, que se explota sin títulos mineros, cuyas operaciones son controladas por grupos armados ilegales.

El mercurio es, de hecho, uno de los mayores problemas. Los mineros vierten este metal tóxico directamente en los ríos y sobre la tierra removida, formando una amalgama con las partículas de oro que luego extraen y comercializan. Una vez en los ríos, comienza el ciclo de bioacumulación en peces y otras especies, envenenando toda la red alimentaria, porque es de pescado que se alimenta la mayor parte de la población, y asimismo es su otra fuente de sustento, que comercializan en la región. También, la presencia de maquinaria pesada deforesta amplias zonas y remueve toneladas de sedimentos que modifican los cauces, afectando hábitats terrestres y acuáticos. Incluso el ruido de la maquinaria es un problema, porque ahuyenta las especies silvestres, y, según expertos, esto está acabando progresivamente con la megabiodiversidad del departamento. El afán por extraer oro a toda costa destruye lentamente todo a su paso, pero no se detiene.


Una de las entidades encargadas para regular y disminuir estas prácticas que afectan el medio ambiente y a la comunidad es CODECHOCÓ, entidad que otorga las licencias ambientales en los diferentes municipios y de controlar y regular toda la actividad minera. También fomenta la integración de las comunidades indígenas y negras que tradicionalmente han habitado el departamento, y tienen programas de conservación, protección y aprovechamiento sostenible de los recursos. Pero como dice el refrán: una golondrina no hace verano. Los esfuerzos todavía están lejos de ser suficientes para controlar el impacto de la fiebre del oro en la región.


No es solo un trabajo de hombres


Aracelys Hurtado es uno de los seis miembros de unos de los muchos grupos de mujeres mineras del departamento. Con ellas sale cada día hacia el río, acostumbrada a los caminos de monte y al trabajo duro que, según cuenta, también practica por herencia y tradición familiar. En Tutunendo, corregimiento de Quibdó, vive con dos de sus seis hijos, y su pareja. A las 4:30 am se despierta para preparar el desayuno, “antes de que salga la luz del sol”, y empezar su recorrido hacia el río a las 6:30 am. A veces puede durar media hora, pero también puede ser una hora media o más. Si se le hace tarde, coge un “chocho”, como le dicen a los motocarros de la región, que le cobra $2.000 pesos. Con sus botas pantaneras empieza el recorrido por una trocha pequeña y estrecha hasta llegar a la quebrada, entre subidas y bajadas de barro, pequeñas fuentes de agua y caminos resbaladizos. La mina a la que llega es apenas un campamento –carpas armadas con palos de madera y bolsas y mangueras a la orilla del río. Así empieza lo que ella llama su “horario laboral”, establecido por ella misma desde que empezó a trabajar en la minería hace 25 años. “Esto es para sacarle provecho al día”, dice, y se queda hasta las cinco de la tarde o incluso “más tardecito”. Luego regresa a casa, unas veces con oro y otras sin. Las ganancias de cada día son imprescindibles, pero lo que sí es una constante es la esperanza de tener más suerte el próximo día.


Hoy, el oro se sigue buscando en distintos rincones de Colombia, siendo Antioquia, Chocó, Córdoba y Bolívar las fuentes principales. Pero lo que parece una actividad ilegal es, sobre todo, minería de subsistencia, el único recurso para hombres y mujeres que buscan, como aguja en un pajar, polvo de oro para ganarse la vida. Porque no es que del lecho salgan lingotes o piedritas doradas: lo que recolectan es arena y grava con algunas chispitas, sin más equipo que sus manos y herramientas simples como la pala y la batea. Para que su actividad sea considerada legal, deben contar con un título minero que otorgan las autoridades. Sin embargo, la mayoría, desconocen los muchos procesos legales que deben realizar. Por eso, la informalidad y la actividad ilegal que dominan los grupos armados es la más común en la zona. Según los registros de inscripción del Ministerio de Minas y Energía, entre el 2022 y 2023 van 20.010 barequeros inscritos como mineros de subsistencia en metales preciosos en todo el departamento del Chocó. Pero según mineros como Aracelys, la cifra puede ser el doble o incluso más.


Jaime* es otro minero chocoano veterano. Lleva 15 años trabajando. Con esta práctica crio y educó a sus hijos, a pesar de haber sido desplazados dos veces del corregimiento de Negua, también del Chocó. Con sus botas, un machete y un portacomidas con su almuerzo, va todos los días a la mina. La misma en la que por estos días trabaja Aracelys, que cuenta que “se abrió del parche de las mujeres” después de varios días sin lograr sacarle nada al río. Esta mina se trabaja con la práctica semi-tecnificada, que se basa en el desprendimiento de material con bombas de motor, o mini-dragas. Pero explican que aquí no utilizan mercurio para facilitar el proceso, ni tampoco la técnica de buceo. “Es más fácil, y también si se saca algo bueno de la mina a uno le va mejor”, explica Aracelys. Pero en noviembre, por ejemplo, no había logrado extraer mucho: “Han sido días difíciles porque todo está “pegao”, explicando que no hay nada para sobrevivir.


Según el tercer informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre las cadenas de suministro de oro en Colombia, la minería artesanal ancestral ha sido reemplazada por pequeños mineros que han llenado de retroexcavadoras y dragas los lechos de los ríos del departamento. Además, los actores armados ilegales continúan controlando el acceso a los sitios con mayor flujo aurífero y extorsionan a los mineros locales como Aracelys y Jaime, aunque tengan solo un papel secundario y residual, porque apenas obtienen el ripio al barequear los desechos de la minería mecanizada. La presencia y el control del Estado es casi nulo, y por esta razón los actores criminales y sus aliados se siguen llevando la mayor parte de las ganancias.

Paradójicamente, el corregimiento de Tutunendo, en el que trabajan Aracelys y Jaime, es uno de los mejores sectores turísticos de Quibdó. Declarado uno de los sitios de mayor pluviosidad y biodiverso en Colombia, cuenta con unos atractivos naturales propios del entorno húmedo tropical, y aspira a posicionarse como corregimiento modelo del departamento en turismo de naturaleza. Sitios como Sal de Frutas, Chaparraidó y PaloQuemao son de los más visitados por bañistas locales y foráneos, a unos 16 km de la capital Quibdó. Es un lugar para hacer recorridos por senderos ecológicos o viajes a bordo de canoas, todo para disfrutar del río.


Pero si barequeros como Aracelys y Jaime trabajan incluso los fines de semana para ·aprovechar y “sacarle provecho” al día, el agua se ensucia y se “revuelve”. Y esto no contribuye a la estadía de los visitantes, e interfiere incluso con los locales que, un festivo cualquiera, quieren pasar un día de comida a la orilla del río. Pero para ellos no hay opción. Es buscar oro y barequear el río o no tener lo poco que les ayuda en su diario vivir.


El intercambio


Como la mina está a más de media hora de Quibdó, el intercambio diario de oro es difícil para los mineros artesanales. Es en la capital donde están las compraventas: en casi todas las calles del centro de la ciudad hay un negocio relacionado con oro, sea casa de cambio o de venta de implementos para la minería.


Pero para no trasladarse hasta Quibdó, porque ir hasta allá les cuesta un dinero con el que no disponen, acuden a comerciantes en Tutunendo, como Yeiffer Andrade. Dentro de su billar tiene una mesa con una pesa. Primero, en un plato se pone el oro recogido. Luego, Andrade limpia una pequeña bandeja de aluminio que hace parte de la balanza, echa el oro para limpiarlo y, con una especie de mortero plano envuelto en una servilleta, empieza a presionar el mineral. Posteriormente lo ilumina para verificar su limpieza y de ahí lo pasa a la balanza para saber por cuánto comprarlo. Mientras los mineros miran expectantes, él lo saca de la bandeja, lo coloca en un papel, limpia muy bien la bandeja para que no quede nada y lo envuelve muchas veces para luego guardarlo. “Aquí, tradicionalmente hablamos por granos. Uno o dos granos es lo que de forma regular me lleva cada minero del intercambio”, explica Andrade. Esto equivale a un tomín, que es la octava parte de un castellano, y en pesos colombianos suma $38.000 ó $39.000 pesos. Un castellano puede valer entre $850.000 y $860.000 pesos. Sin embargo, según el Banco de la República, las medidas oficiales son tres: un real (0.287 gramos) tiene un valor promedio de $70 millones, un tomín (0.575 gramos) $140 millones y un castellano (4.6 gramos) $1.120.000.  Pero el rebusque siempre lleva las de perder.


El oro sigue siendo un metal muy valorado y utilizado en diversos ámbitos. La joyería es el uso más conocido de este metal, ya que es el material preferido para la elaboración de anillos, aretes, collares y otros accesorios. Pero otras de sus utilidades están en la electrónica: se utiliza en pequeñas cantidades en circuitos y componentes por su alta conductividad y resistencia a la corrosión, en la creación de equipos médicos e incluso es empleado en tratamientos para la artritis u otras enfermedades. En odontología, se emplea en empastes, coronas y prótesis dentales por su maleabilidad y resistencia. El oro también es fundamental para la industria aeroespacial y, claro, retornando a su sentido de la fantasía y el brillo, en la fabricación de medallas y trofeos.


La fiebre del oro acompaña a nuestra especie desde el primer día en que lo vimos como una “pepita dorada”. Hasta que no haya otro tan codiciado como él, pervivirá ese empeño de alcanzar, aunque solo sea por unos instantes, algún soplo de ese polvo dorado que se esconde en nuestros ríos. Y la historia, de generación en generación, continuará.


* La identidad fue ocultada por seguridad de la fuente.

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