Ojo por ojo

Manuela Cordovez

La idea de que en Colombia todos podamos vivir portando un arma para “honrar” nuestro derecho a la legítima defensa nos podría llevar al caos.

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En marzo de este año, la senadora María Fernanda Cabal y el representante a la Cámara Christian Garcés radicaron un proyecto de ley que busca, por una parte, devolverle al ciudadano el porte legal de armas y regularlo, que fue lo que se buscó en la Ley 2535 de 1993. Y, por otra parte, fortalecer el monopolio del Estado para evitar el constante porte de armas ilegales de parte de los delincuentes y demás ciudadanos.


Frente a esto, la senadora Cabal explicó en el programa de Vicky Dávila que “el arma legítima, el arma legal, no solo me garantiza el derecho a la vida, lo que no me garantiza una cauchera o un cortaúñas, y me garantiza a mí que estoy en igualdad de condiciones ante un bandido. Un bandido que sabe que si la población está armada no se atreve a hacer lo que hace hoy en día, que es matar a una enfermera por robarle una bicicleta o a un mensajero por robarle un celular”. Por medio de su cuenta de Twitter, el senador Roy Barreras le contestó a Cabal que “estar armado es estar dispuesto a matar cuando el Estado fracasa en seguridad”.


Las armas no solo cumplen con el objetivo de matar y herir, sino que también sirven para intimidar y amenazar. Tenemos la idea equivocada de que el porte de armas legales es solo para los países civilizados. Sin embargo, en algunos de los países más desarrollados como Reino Unido, Corea del Sur, Japón y Austria, está prohibido el porte de armas en los ciudadanos e incluso podría llevar a la cárcel a quien lo haga. Esto reafirma que la legalidad de las armas para los civiles no es sinónimo de civilización sino de violencia. En un estudio hecho por el Journal of the American Medical Association se encontró que Colombia ocupa el quinto lugar a nivel mundial en muertes por armas de fuego y que el país sigue registrando altos índices de violencia letal y no letal asociados a su uso.


Armar a los colombianos, sean buenas, regulares o malas personas, sería reafirmar el mensaje de que la violencia se paga con más violencia. El hecho de que en un país que ha luchado tantas décadas por ponerle fin a un conflicto armado, y que, inclusive, tenga un expresidente ganador del Premio Nobel de la Paz, se esté contemplando la idea de armar a los civiles en vez de educarlos y protegerlos es casi absurdo. Esto solo promueve más guerra, más violencia y más muertes. David Hemenway, profesor de salud pública de la Universidad de Harvard y director del Centro de Investigaciones en Control de Lesiones, argumenta que cuando se tiene un arma en casa, esta se usa más a menudo contra la propia familia y no contra el ladrón que entró a robar a la casa.


La justicia por mano propia se basa en que las personas en lugar de legitimar y acudir a las instancias que han sido creadas con la finalidad de solventar los conflictos, deciden resolverlos por sí mismas. Esta forma de defenderse no tiene proporción ni razonabilidad entre el daño y la respuesta. ¿Qué puede esperarse de una sociedad que se cree responsable de velar por la seguridad suya y de los demás? Hace unos meses, en el barrio inglés, en el sur de Bogotá, una niña de 14 años pretendió atacar a machetazos a dos ladrones que presuntamente entraron a atracar el negocio de su familia. La niña dijo que “no es la primera ni la segunda vez que pasa. Yo ya he tenido eso aquí en la cabeza de que si llega a pasar algo, o no, coger el machete y darles”.


Después de esta propuesta del Centro Democrático liderada por Cabal, debemos tomarnos el tiempo de imaginarnos el escenario de una ciudad donde todos carguemos con un arma en nuestro bolsillo lista para que cada quien dispare como pueda y a quien quiera. Esto nos dejaría a los bogotanos en una metrópoli llena de inseguridad en la que “linchar” a un ladrón se vuelve el pan de cada día de aquellos que buscan que se cumpla con la justicia según su parecer.  De todas las malas ideas, adoctrinar a los colombianos para que paguen la violencia con más violencia es la peor. El Estado tiene la responsabilidad de velar por el bien de los ciudadanos, de meterle plata a la seguridad, no a más guerra; a la educación y a culturizar a los colombianos para que, en un día muy lejano, las armas no vayan a ser usadas única y exclusivamente para robar, intimidar, amenazar, matar y defenderse.

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