Las modalidades de contratación de los colombianos cambiarán (y no para bien). Así lo indica el Decreto 1174 del 27 de agosto de 2020, el cual plantea la reglamentación del “Piso Mínimo de Protección Social”, creado en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 y el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Iván Duque. Según algunos sectores sindicalistas, se puede catalogar a esta norma como una reforma laboral disfrazada. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo insiste que es sólo una medida que favorecerá a los trabajadores. ¿A quién hay que creerle?

El presidente más joven que ha tenido Colombia aprovechó esta pandemia para hacer otra de las suyas y crear un sistema que se supone busca ayudar a los trabajadores que actualmente ganan menos del mínimo y/o trabajan de manera informal. Lo que propone el Gobierno es que estas personas puedan garantizar su seguridad social, su salud y empiecen a generar un ahorro para su vejez, pero no todo lo que brilla es oro. A pesar de que el Ministerio de Trabajo plantea esta norma como una ayuda, el decreto le abre las puertas a un deterioro de las condiciones laborales para trabajadores formales en el país.

El problema de esta norma es que los empleadores tendrán vía libre para realizar contratos de trabajo por un monto de horas inferior a la jornada reglamentaria (48 horas semanales), lo que dará lugar a salarios por debajo del mínimo ($877.802) y, a largo plazo, habrá una mayor dificultad para acumular la cantidad de semanas necesarias para adquirir una pensión (1.300 semanas). Según un estudio realizado por Fasecolda en 2019, solo una cuarta parte de los jóvenes logrará pensionarse debido a “la precariedad e inestabilidad de los contratos de trabajo y a que el monto y frecuencia de las cotizaciones no alcanza el mínimo de semanas para lograr una pensión de salario mínimo”. Ese es el panorama con las condiciones laborales de hoy, con los ajustes que propone el decreto, la pensión se verá como un imaginario, como algo que pocos lograrán alcanzar. ¿Toda una vida trabajando para pensionarme con un salario mínimo, o peor, para llegar a mi edad de jubilación y darme cuenta de que no me puedo pensionar?

Ante la expedición del decreto se generó una gran polémica en la opinión pública y el ministro de trabajo, Ángel Custodio Cabrera, salió a los medios a aclarar que no se trataba de una reforma laboral porque “no cambiaba las modalidades de contratación”. Sin embargo, el ministro ignoró que el decreto sí le da luz verde a un nuevo modelo de contratación por horas a un menor costo. En contraparte, el presidente de la Confederación General del Trabajo, Julio Roberto Gómez, aseguró, en una entrevista con revista Semana, que sí se trata de una reforma laboral, debido a que “establece una serie de condicionantes para el desarrollo de las actividades económicas en el país”.

Lo más preocupante de esta reforma que quieren hacer pasar por un decreto es que es inconstitucional. Según el abogado constitucionalista, Manuel Quinche, en una entrevista con Razón Pública, “el Gobierno eludió los fundamentos del derecho constitucional y lo que emana de ellos en la legislación laboral en Colombia”. Es decir, Duque y su séquito se pasaron por la faja la rama legislativa, debido a que sólo el Congreso tiene la potestad de modificar o crear nuevas normas, que, además, afectan los derechos fundamentales, como lo es el trabajo, y tuvieron el descaro de disfrazarlo de decreto para que la Corte Constitucional no pueda intervenir y sea sujeto de control del Consejo de Estado.

Un presidente adjudicándose funciones que le competen a otra rama del poder público como en una dictadura.

A pesar de que es evidente que esta norma afectará a toda la clase trabajadora, los medios de comunicación no le han dado la cobertura necesaria, ya que en las últimas tres semanas no ha habido noticias en las que se mencione lo que implica ni cómo será esta restructuración en los términos de contratación (cabe recordar que el decreto se expidió hace un mes). Por esta razón, es posible asegurar que un gran sector de la población colombiana ignora que sus derechos serán vulnerados. En consecuencia, el ajuste de las condiciones laborales estipuladas en el decreto, que el Gobierno Nacional insiste en no catalogar como reforma, caerá como un balde de agua fría a los trabajadores el primero de febrero de 2021, día en el que se espera que entre en vigencia el Piso Mínimo de Protección Social.