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El colegio General Santander de la localidad de Engativá proporciona la educación a esta población vulnerable.
Salón de clases en la Unidad de Protección Integral de la Florida. Al fondo se ve una polisombra, que divide a este grupo de otro. El proceso educativo en La Florida se inició a mitad de año de 2022y ha estado lleno de dificultades. Foto: Julián González.
El Instituto Educativo Distrital General Santander está asumiendo la educación de los jóvenes de la Unidad de Protección Integral (UPI) de La Florida, junto al parque homónimo, en la que se encuentra una fracción de la comunidad indígena Embera en Bogotá.
Esa comunidad afronta esta emergencia social desde que se desplazó de sus territorios originales huyendo del conflicto armado. Inicialmente fue ubicada en Ciudad Bolívar, y les brindaba educación el colegio Restrepo Millán. Tras el vencimiento de su contrato de arrendamiento, y los acuerdos a los que se llegó con el Distrito con la ocupación del Parque Nacional, fue dividida y trasladada a dos sitios: La Florida y La Rioja.
Así que desde julio de 2022 el colegio distrital General Santander se encarga de atender la educación de esta parte de la comunidad. La institución fue elegida por su cercanía con la UPI y por ser el mayor colegio de la localidad de Engativá, que cuenta aproximadamente con 4200 estudiantes. Además, es el único con un paso cercano hacia el Parque La Florida.
Un camino difícil
Por tratarse de una situación de emergencia, no existía preparación para responder al desplazamiento indígena. Únicamente se contaba con los profesores trasladados del Restrepo Millán, antiguo colegio encargado de la educación de los Embera.
Así lo manifestó Sonia Riveros, rectora del colegio General Santander, quien ha acompañado esta labor desde el principio: “Cuando llegamos a La Florida, no había mobiliario para recibirlos. Eran solo cinco profesores y se supone que son once cursos; pero tampoco estaban llenos porque los niños no tenían los precedentes educativos para grados altos”.
Desde entonces, se ha gestionado la adquisición del mobiliario mínimo, se han acordado alianzas con algunas empresas (como PriceSmart y la cooperativa Cotrafa) para obtener material escolar y se ha aumentado el número de profesores a siete. Actualmente se espera la contratación de un coordinador y un orientador.
No obstante, esto apenas representaba una pequeña parte de lo que implicaba la educación en la UPI. Otro gran aspecto para revisar era la adaptación educativa a esta comunidad, ya que el enfoque pedagógico debía ser distinto.
De este modo, se seleccionó una parte de los contenidos que propone la Secretaría de Educación de Bogotá, para que ésta se adecuara a la comunidad. Se revisó que fuera útil, que no agrediera su cultura y que sus precedentes educativos fueran suficientes para aprenderlos.
Así, se ha construido un modelo educativo personalizado, según lo explica la rectora: “Hemos empezado a generar una malla, y la unimos en ciclos, es decir que tenemos aulas multigrados, y dentro de los multigrados están subdivididos por ritmos y estilos de aprendizaje”.
Alejandra Alarcón, docente de primaria en la UPI, también habló de estas mallas, en las que es fundamental un entendimiento intercultural por parte de los estudiantes. Según explica, estas se organizan en cuatro ejes: el territorio, el gobierno, la cosmovisión y las prácticas culturales.
Pese a esto, la docente aclara que aun así el proceso es lento. “Ellos están teniendo un periodo de adaptación. Vienen de un territorio donde su estudio ha sido propio, y donde han tenido una costumbre ancestral. Vienen acá a la ciudad a ese cambio donde se están vinculando a un nuevo proceso educativo”.
El choque cultural, además de entorpecer el avance educativo, provoca discrepancias morales y de costumbres con los Embera. Así lo manifiesta la rectora de la institución:
“Nosotros estamos en el colegio bajo una mirada de equidad de género, pero las comunidades Embera están bajo un machismo absoluto. Nosotros rechazamos el trabajo infantil, los Embera utilizan a los niños como vía de mendicidad. Nosotros somos un colegio que prioriza el amor como primer paso para educar; en los pueblos Embera los niños son educados a través de castigos punitivos que se salen de todo margen en la ciudad”.
Para complementar, el idioma sigue representando una barrera para estas comunidades. La población indígena de la UPI está conformada por personas de tres subgrupos de Emberas: los Chamí, los Dobidá y los Katío. Cada uno de estos grupos habla un dialecto diferente, y el Distrito no dispone de maestros que conozcan estas lenguas.
Por ello, surge el concepto de los dinamizadores, personas escogidas de entre la misma comunidad Embera para desempeñar el papel de traductores y transmisores de la cultura de su pueblo. Claudia Patricia, una dinamizadora de la UPI, perteneciente a los Katío, explicó el manejo de la diferencia lingüística.
“Katío y Dobidá son del Chocó. Chamí son del departamento de Risaralda. Entre Chamí y Katío entendemos palabra. Entre Dobidá no entendemos porque ellos tienen diferente lengua”, explica Claudia Patricia.
Según ella, los dinamizadores trabajan en conjunto con los docentes para definir qué enseñar a los niños indígenas. “Somos dos dinamizadores. Los profes conocen de nuestros niños, hacen mucho esfuerzo para poder enseñarles. Aquí no solamente asiste puro estudiante Embera, sino otras personas; entonces, ahí van aprendiendo”.
Por último, los estudiantes se ven afectados por otros factores ajenos a ellos, como la constante movilización. Según la rectora, los estudiantes retornan a sus territorios de origen cuando sufren problemas de salud, para que el Jaibaná (el chamán de esta comunidad) los asesore. El problema es que esto ocurre con frecuencia y provoca que los estudiantes pierdan el ritmo, lo que afecta la labor de los profesores.
La docente Alejandra Alarcón lo definió como uno de los principales inconvenientes en el proceso educativo. “Una de las dificultades es que ellos retornan, lo cual hace que en la parte educativa el proceso se retenga. En ocasiones llega más población, en la mitad de un proceso que ya llevamos con los niños; entonces, nos toca buscar estrategias para que los niños nuevos se incorporen”.
Por ese motivo, los requisitos para la aprobación de un año escolar son menores, y dependen de la asistencia. “Nosotros acá en Bogotá tenemos que un año escolar se traduce a cuarenta semanas de trabajo. Por su cultura, su manejo del tiempo es diferente. Entonces lo estamos trabajando por cantidad de lunas - explica la rectora -. En este momento, el mínimo para la aprobación de un año está aunado a la asistencia, más que al desarrollo de conceptos particulares”.
El camino sigue
La comunidad indígena advierte algunas carencias y sigue luchando por obtener respuestas favorables a sus peticiones.
“Estas no son condiciones para los niños, no es el mejor lugar. Nosotros como Embera necesitamos un lugar que esté bien adecuado, que atienden bien a los niños, que aprenden de la ciudad, o que aprenden algo que nosotros no tenemos la idea”, afirma Claudia Patricia, la dinamizadora perteneciente al pueblo Katío.
Por su parte, la rectora también admite que falta camino, pues reconoce que las condiciones son limitantes: los servicios de luz y agua son intermitentes, no hay equipos tecnológicos y los salones apenas los dividen polisombras. No obstante, rescata lo que se ha logrado y aprendido.
“Hemos logrado caracterizar mejor las poblaciones, encadenar lo que ellos requieren conocer con sus precedentes para entenderlo, y mejorar los métodos para que ellos puedan aprender con los recursos limitados que se poseen”.